El gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella dio a conocer este domingo los primeros resultados de la auditoría forense que se adelanta dentro del proceso de empalme anticorrupción a la administración saliente e informó que se radicaron denuncias penales en el proceso.
El abogado Germán Calderón España, quien será el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, fue el encargado de dar a conocer la noticia y de presentar las respectivas denuncias ante la Fiscalía General.
De acuerdo con Calderón España, la denuncia se interpuso “por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras”.
Se trata de un convenio con la Sociedad de Activos Especiales suscrito el 18 de marzo de 2024, a través del cual se buscaba aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones que permitieran establecer los términos y condiciones para la compra y transferencia gratuita de tierras.
Sin embargo, en el marco de la auditoria financiera a la ANT por parte de la Contraloría General de la República, para la vigencia 2025, se constató que la entidad desembolsó a favor de la SAE el valor de un billón de pesos, en cumplimiento de los contratos interadministrativos 5679 y 13260 de 2024.
“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría acatados por el gobierno saliente”, señaló Germán Calderón España.
Frente a esto se pronunció el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, a través de un video publicado en sus redes sociales y grabado desde la finca La Primavera, donde presuntamente hace más de 15 días un grupo de paramilitares entró a amenazar a campesinos beneficiarios de la reforma agraria.
Harman fue enfático en señalar que el convenio que se suscribió con la SAE ha sido “auditado jurídicamente y fiscalmente”, además de que “reviste las condiciones y las garantías constitucionales y legales para manifestar su eficacia y la operatividad que ha dado por fin tierra a los más pobres”.
Explicó que el pago que se le hizo a la SAE “no ha funcionado de una manera mejor que como un fondo de garantías frente a cualquier decisión judicial sobre la relación de las fincas”, para que “en el caso de un revés jurídico se devuelve la plata equivalente a la tierra y no la tierra”.
“Nos sentimos orgullosos de haberle quitado tierra a la mafia y entregársela a los campesinos de Colombia y estamos listos a defender, en la instancia que sea, en el espacio que sea necesario, el campo y el campesinado en Colombia”, señaló Felipe Harman.
El funcionario, quien regresó a la Agencia Nacional de Tierras tras la campaña electoral, manifestó que “hoy, con este manto de duda, lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando y desde acá estamos mandando un mensaje claro y concreto”.