La noche de este jueves 18 de junio, el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, informó mediante la cuenta en X de la Presidencia de la República que “convocará a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para avanzar en el trámite de las iniciativas: Jurisdicción Agraria y Ministerio de la Igualdad”.
Las sesiones extraordinarias se llevarían a cabo entre el 22 de junio y el 10 de julio.
El objetivo de la convocatoria es tratar dos de los proyectos de la actual administración que, ad portas de finalizar, se consideraban importantes en su agenda política.
La jurisidicción agraria, criticada por ser una ‘justicia que cojea’
Por un lado, la iniciativa de jurisdicción agraria, que el pasado 16 de junio no avanzó en el Senado por un recurso de inasistencia pendiente por resolver.
Ese día, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, reconoció que el trámite bloqueó parte de la agenda legislativa: “Aquí no hemos trabajado, no le hemos entregado resultados al país. Estamos atrancados porque tenemos que cumplir con un recurso de insistencia del proyecto de Jurisdicción Agraria”, afirmó.
Por ese procedimiento, tampoco fue posible avanzar en otros proyectos de ley; según García: “No podemos pasarnos por encima de algo que es de ley y que está por encima del orden del día y de todo”.
El Ministerio de Agricultura se había pronunciado este mismo 18 de junio sobre el hundimiento de la Jurisdicción Agraria. A través de un boletín de prensa, había advertido que este hecho, “pese a los esfuerzos institucionales, los espacios de diálogo y la construcción de acuerdos”, iba en contra de la “consolidación de una justicia especializada para la resolución de los conflictos agrarios y la garantía de los derechos del campesinado”.
El Ministerio de la Igualdad, una promesa que no lograron revivir
Por otro lado, el Ministerio de la Igualdad terminará el 20 de junio, después de que magistrados de la Corte Constitucional le dieron un plazo para subsanar los vicios de procedimiento con los que quedó la ley que ordenó su creación. Tal subsanación no ocurrió.
Aunque la Corte declaró inexequible la creación de esa cartera hace casi dos años, esta decisión no tuvo efectos de inmediato para evitar lo que fue considerado una desarticulación que afectaría la implementación de una política pública que garantizaba los derechos de quienes tienen especial protección constitucional, como madres cabeza de familia o personas en situación de discapacidad.
Así, esta cartera, una de las apuestas más controvertidas del Gobierno Petro, fracasaría en su objetivo de saldar una deuda histórica con poblaciones vulnerables y marginadas de Colombia, que han sido pilar del discurso de Gustavo Petro.