Con la última sesión plenaria del Senado realizada este jueves 18 de junio, el Congreso de la República cerró oficialmente una legislatura marcada por importantes victorias para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero también por derrotas en iniciativas consideradas estratégicas para su administración.
La actual composición del Congreso, que inició funciones en 2022 y acompañó el primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país, terminará su periodo el próximo 20 de julio, cuando se posesione el nuevo Legislativo elegido por los colombianos en las elecciones de marzo de 2026.
Durante estos cuatro años, el Ejecutivo logró sacar adelante algunas de sus principales apuestas.
Entre ellas se destacan la reforma laboral, una de las iniciativas más emblemáticas del Gobierno; la reforma tributaria, con la que buscó aumentar los ingresos fiscales, y la ley de paz total, que abrió la puerta a adelantar diálogos y negociaciones con distintos grupos armados ilegales.
Asimismo, el Congreso aprobó la reforma pensional, uno de los proyectos más relevantes de la agenda social del presidente Petro, que obtuvo el respaldo de las mayorías legislativas tras un intenso debate político, pero que hoy está congelado luego de que la Corte Constitucional decidiera que debe estudiar si su aprobación en el Congreso fue legal o no.
Sin embargo, el balance final también deja varias derrotas para la Casa de Nariño. La más significativa fue el fracaso de la reforma a la salud, considerada una de las grandes banderas del Gobierno. La iniciativa no logró superar los obstáculos políticos y terminó sin convertirse en ley.
A esa lista de proyectos fallidos se sumaron varias iniciativas que se hundieron en la recta final de la legislatura. Una de ellas fue la ley que buscaba otorgar funciones a los jueces de la jurisdicción agraria, una pieza clave para la implementación de este nuevo sistema judicial especializado en conflictos relacionados con la tierra y el desarrollo rural.
La falta de aprobación de esta norma deja en suspenso el funcionamiento pleno de la jurisdicción agraria, creada para fortalecer la resolución de disputas sobre propiedad y uso de tierras, uno de los temas más sensibles en el país.
Otro de los golpes para el Ejecutivo fue la imposibilidad de sacar adelante el proyecto que pretendía revivir el Ministerio de la Igualdad.
La cartera, impulsada por el Gobierno como una herramienta para coordinar políticas dirigidas a poblaciones históricamente vulnerables, deberá desmontarse antes del 20 de junio, tal como lo ordenó la Corte Constitucional.
Tampoco prosperó el proyecto de la denominada Mesada 14 para maestros pensionados, que buscaba restablecer este beneficio económico para un sector de los docentes retirados del servicio público.