SEMANA conoció un oficio que llegó a la Procuraduría firmado por Ricardo Torres Castro, el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el que advirtió sobre presuntas irregularidades en un jugoso contrato que se desarrolla en Boyacá.
Él puso la lupa sobre un proceso que tiene como objeto la construcción del centro especializado en hotelería, turismo y gastronomía del Sena en el municipio de Villa de Leyva, que cuenta con un presupuesto de 6.542 millones de pesos. Para el funcionario entrante, habría irregularidades en la licitación pública.
El primer aspecto que llamó su atención tiene que ver con los estudios y diseños que soportan el proyecto, pues se desarrollaron entre 2016 y 2017: “El expediente contiene planos arquitectónicos, estudios de suelos, diseños estructurales, diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y demás documentos elaborados en esa época”, expresó. Su recomendación es verificar las condiciones del proyecto, validar los diseños y actualizar presupuestos, cantidades de obra y cronogramas, dado que tendrían un rezago de más de una década.
Frente a este punto, detalló: “La ausencia de esa trazabilidad podría comprometer el principio de planeación, en la medida en que los oferentes estructuran sus propuestas sobre información cuya actualización integral no aparece suficientemente acreditada”.
Torres Castro también citó que la Dirección Administrativa y Financiera del Sena dio el visto bueno para ejecutar esta iniciativa, pero con observaciones. Desconoce si estas se subsanaron: “El documento hace referencia a la necesidad de revisar y actualizar componentes esenciales del proyecto, entre ellos, los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, el componente urbanístico, las especificaciones técnicas, el presupuesto, los análisis de precios unitarios, el cronograma, las licencias, los permisos y otros elementos directamente relacionados con la viabilidad de la obra”.
Él tiene varios reparos, como cuáles ajustes se realizaron, quién los aprobó y cuál fue el soporte técnico para concluir que el proyecto ya reunía las condiciones necesarias para iniciar el proceso de selección. “Esa ausencia de trazabilidad dificulta establecer si las observaciones quedaron plenamente superadas antes de la apertura o si algunas de ellas terminaron trasladándose a la etapa de ejecución del contrato. Esa diferencia no es menor porque el principio de planeación exige que las principales definiciones técnicas del contrato proyecto se encuentren resueltas antes de convocar a los oferentes y no una vez él ya haya sido adjudicado”, dijo.
El funcionario entrante también advirtió que algunos trámites relacionados con licencias y autorizaciones aparecen como obligaciones a cargo del futuro contratista, pues son actividades que inciden directamente en la definición del alcance técnico del proyecto o en la obtención de autorizaciones indispensables para su ejecución. “En esas condiciones, el riesgo de modificaciones contractuales, mayores cantidades de obra, ampliaciones del plazo o reclamaciones económicas deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una consecuencia previsible desde la etapa precontractual. Precisamente, por ello considero que estos aspectos merecen una revisión preventiva antes de que el proceso continúe hacia la adjudicación”, indicó.
Asimismo, enumeró otras preocupaciones: falta de claridad sobre el alcance real del objeto contractual; posible desarticulación entre el alcance técnico del proyecto y el presupuesto oficial; y riesgo de afectación del principio de planeación y de la finalidad del contrato.
Con todo esto, Torres Castro solicitó la intervención de la Procuraduría: “Solicito a la Procuraduría General de la Nación que, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le han sido asignadas, adelante las actuaciones preventivas y disciplinarias que estime pertinentes con el fin de verificar la legalidad de las actuaciones descritas, establecer si existió vulneración de los principios que rigen la contratación estatal y adoptar las medidas que resulten necesarias para salvaguardar el interés general, la moralidad administrativa, la transparencia en la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado”.