El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano anunció este lunes que la entidad comenzó los trámites para devolver el control de la EPS Sanitas a sus propietarios, luego de que la Corte Constitucional suspendiera la intervención administrativa que inició el 2 de abril de 2024.
La noticia se conoció en medio de un evento organizado por el Ministerio de Salud. Hablándole directamente al jefe de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, Rubiano manifestó: “La Corte Constitucional le ha dicho al superintendente que entregue Sanitas a sus dueños”.
El funcionario reveló que cuestionó al alto tribunal tras recibir la orden. La solicitud que realizó fue una razón para entregar la EPS, pues todavía tendría grandes dificultades financieras: “No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo a sus usuarios”.
Al parecer, la Corte le indicó: “Entréguelo ya o, si no, entre en desacato. O sea, para la cárcel, ¿no? ¿Cómo la Superintendencia entrega, devuelve, un hospital público si no cumple técnicamente? ¿O cómo entrega una EPS si no cumple? Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo entonces se logra eso”.
De acuerdo con Giovanny Rubiano, la entidad que lidera adelantó los respectivos requerimientos técnicos para aclarar el panorama y, al parecer, la Corte Constitucional no habría respondido: “Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución, la entrega, a sus dueños”.
Fuentes de la Superintendencia Nacional de Salud describieron a SEMANA que el alto tribunal, hasta ahora, no habría dado respuesta al incidente de nulidad y a la solicitud de aclaración que interpuso el Gobierno Petro, cuyo objetivo sería tratar de reversar la devolución de la EPS Sanitas.
La medida de la Corte Constitucional se conoció a finales de junio, y los propietarios de la EPS acudieron al mismo tribunal para que, casi dos meses después, insistiera en el cumplimiento de la sentencia: “La Superintendencia no ha dado cumplimiento a lo ordenado, lo cual implica que aún persiste la violación de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional”, mencionó uno de los apoderados de Sanitas.