El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió un comunicado a través de sus canales oficiales para salir al paso de versiones que sugerían la apertura de procesos judiciales en Estados Unidos.
El exmandatario enfatizó que las autoridades estadounidenses no han radicado acusaciones ante las cortes: “El mismo gobierno de los EE. UU. acaba de afirmar que no existen cargos penales contra mí. No hay prueba que me implique en narcotráfico”, aseveró para disipar las especulaciones sobre su situación jurídica.
En su pronunciamiento, Petro vinculó su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) con su postura frente al conflicto en Oriente Medio y sus intervenciones multilaterales.
“Desde hace un año estoy en esa lista solo por mi discurso como presidente en Gaza y contra el genocida Netanyahu (...) Es un castigo político que no puedo aceptar porque toda opinión de un presidente en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas y sus actos contiguos está protegida por unanimidad tanto por tratado internacional como por ley de los EE. UU.”, señaló Petro.
Antecedentes de las sanciones financieras y su impacto institucional
Las declaraciones del expresidente se dan en el contexto de las medidas restrictivas impuestas por el Departamento del Tesoro en octubre de 2025.
En aquella oportunidad, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, argumentó que la decisión obedecía a supuestas omisiones en la lucha contra la producción de estupefacientes.
La medida bloqueó activos y transacciones bancarias y se extendió a su esposa, Verónica Alcocer; a su hijo, Nicolás Petro —investigado por aportes no reportados—, y al exministro del Interior Armando Benedetti.
La determinación motivó una fuerte respuesta de Petro, quien en su momento calificó la medida como una paradoja tras años de combate al narcotráfico y prometió no dar “ni un paso atrás y jamás de rodillas”.
Asimismo, denunció ejecuciones extrajudiciales en operativos navales en el Caribe y acusó a sectores conservadores del Congreso estadounidense de promover una estrategia de desprestigio. El caso continúa generando movilizaciones en las calles de Bogotá y marcando un hito en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.