Estados Unidos retiró a 70 personas y empresas colombianas de la temida lista Clinton, quienes durante años estuvieron señaladas por sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y redes de lavado de activos.
Esta decisión abarca alrededor de 73 personas y compañías únicas, aunque el documento contiene 114 registros, debido a la inclusión de alias y nombres alternativos.
Sin embargo, La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro no excluyó de la lista al expresidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás ni su exministro Armando Benedetti.
Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti fueron incluidos por Estados Unidos en la llamada lista Clinton, oficialmente la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) administrada por la Ofac, el 24 de octubre de 2025.
La medida fue adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con la lucha contra el tráfico internacional de drogas.
El Departamento del Tesoro estadounidense acusó a Petro de haber contribuido, según su evaluación, a la expansión de actividades vinculadas con el narcotráfico.
En el caso de Nicolás Petro, mencionó investigaciones y acusaciones relacionadas con dinero proveniente de personas vinculadas al narcotráfico.
Respecto a Alcocer y Benedetti, Estados Unidos los señaló como personas que habrían proporcionado apoyo financiero, material o servicios a Petro.
“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Estas son acusaciones y fundamentos administrativos de Estados Unidos, no una condena penal. En su momento, el Gobierno colombiano rechazó la decisión y cuestionó sus fundamentos.
“El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento”, dice el texto del Tesoro.
La principal consecuencia es el bloqueo de bienes y activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen determinadas operaciones con los sancionados.
Esto puede dificultar transacciones financieras internacionales y generar problemas de cumplimiento para bancos y compañías.
“En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales de comunicación seguros contra el lavado de dinero, poniendo en peligro la integridad del sistema financiero internacional”, dice Estados Unidos en su comunicado.
“En 2023, se filtraron grabaciones de audio de Armando Benedetti en las que habla sobre su participación en la financiación de campañas electorales y la obtención de votos para Gustavo Petro”; agregó el comunicado sobre el exministro.
A octubre de 2026, los cuatro continúan incluidos en la lista, pese a recientes retiros de otros ciudadanos y empresas colombianas.