A tres días de la primera vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, ya enfrentan las primeras denuncias administrativas porque, a juicio de algunos de sus críticos, participaron en eventos políticos por fuera de la ley, es decir, después del lunes 25 de mayo, a menos de una semana de las elecciones.
Una de las denuncias la instauró el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, y lo hizo contra Cepeda y Quilcué.
En el caso de la líder indígena, el demandante recordó que el Gobierno expidió el Decreto 188 de 2026, “por el cual se dictan medidas para la conservación del orden público con ocasión de las elecciones de Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República”.
Precisó que en el Artículo Sexto se estableció que, a partir del 25 de mayo y hasta el 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados.
Pese a dicha prohibición, “este martes 26 de mayo, se realizó un evento político público y abierto en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, aproximadamente a las 2:00 p. m., con participación de Aída Quilcué Vivas, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda”, informó Bravo.
El evento —según el dirigente político— tuvo naturaleza claramente política, electoral y proselitista, “constituyéndose materialmente en un acto de cierre de campaña realizado en espacio abierto y público, dentro del periodo de restricción electoral fijado por el Gobierno Nacional”.
Dijo en la denuncia que “la concejal del Pacto Histórico, conocida como María del Carmen, publicó y promocionó dicho evento en la red social X como ‘cierre de campaña de nuestra candidata a la Vicepresidencia’”.
“En la publicación difundida públicamente por la concejal se observa expresamente la convocatoria al evento político en Buenaventura, señalando además: ‘Nos vemos mañana en Buenaventura para abrazar el territorio y acompañar a nuestra próxima…’”.
En el evento político realizado en Buenaventura, se evidenció la participación del senador Alexander López, “quien presuntamente aprovechó el escenario de carácter político y electoral para realizar anuncios relacionados con actuaciones del Gobierno nacional, específicamente respecto a la existencia de un documento Conpes para el acueducto de Buenaventura”, denunció el exconcejal.
A juicio del demandante, “estos hechos pueden configurar una vulneración a los principios de transparencia, equilibrio electoral, separación entre función pública y actividad política, así como un eventual uso indebido de la función pública con fines electorales”.
Él, aparte, también instauró otra demanda contra el candidato presidencial Iván Cepeda. La razón: “Presunta vulneración del régimen de propaganda electoral y solicitud de apertura de investigación administrativa y sancionatoria electoral contra el candidato presidencial”.
Según Juan Martín Bravo, “el 25 de mayo de 2026, el señor Iván Cepeda Castro participó públicamente en un evento político desarrollado en las instalaciones de Ades Sucre, en Sincelejo, Sucre. Dicho evento tuvo naturaleza evidentemente proselitista y electoral. Se desarrolló en el marco de actividades de campaña; existió propaganda política visible; se promovió públicamente la candidatura presidencial del denunciado; y se realizaron actos de movilización política electoral”.
Otra de las quejas la radicó el 27 de mayo de 2026 ante el CNE el ciudadano Santiago Arango.
“Presento denuncia para que el CNE verifique la posible vulneración del Artículo 6 del Decreto 188 de 2026 con ocasión de actos públicos realizados durante el periodo comprendido entre el lunes 25 de mayo y el lunes 1 de junio de 2026, previo a la elección presidencial del 31 de mayo de 2026″, dijo.
Y afirmó que el 25 de mayo de 2026, en Sincelejo, se realizó un evento político en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), con una alta ocurrencia de personas y “en espera del candidato Iván Cepeda”.
Contó que el 26 de mayo, Cepeda publicó en su cuenta de X un mensaje donde dijo: “Productiva reunión de campaña hoy; agradezco a las coordinadoras y coordinadores municipales de nuestra campaña”.
SEMANA conoció que la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, adelantará la investigación administrativa. Y lo más probable es que tome una decisión después de la segunda vuelta presidencial porque el CNE se dedicará, por lo pronto, a la vigilancia de las elecciones presidenciales.