El candidato a la Presidencia, Juan Fernando Cristo, propuso crear una policía local en las ciudades que tienen más de dos millones de habitantes como una herramienta para recuperar las capacidades del Estado de prevenir el delito, fortalecer la convivencia y combatir la impunidad urbana.
El aspirante a la Casa de Nariño puntualizó que las ciudades más grandes del país tienen un déficit de policías. Por ejemplo, Cristo señala que los estándares internacionales establecen que deben existir 300 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que en geografías como Bogotá ese rango solo llega a los 197 uniformados.
“Las ciudades concentran hoy la mayor cantidad de hurtos, extorsiones, economías ilegales y violencia cotidiana. No podemos enfrentar este fenómeno con un modelo policial insuficiente para la escala de los problemas urbanos”, afirmó el exministro.
Cristo propone que se realice una reforma constitucional que permita a los municipios y distritos con más de dos millones de habitantes la posibilidad de crear una policía local, fuerza de seguridad que sería financiada con recursos propios de cada ente territorial.
Los policías locales, señala el candidato presidencial, tendrían la labor de complementar las tareas de la Policía Nacional en puntos como la prevención del delito, la recepción de denuncias con tiempos de respuesta más rápidos y la investigación criminal de los delitos que afectan la propiedad, como el hurto de personas, celulares, bicicletas, motocicletas y comercio.
La reforma en seguridad que plantea Cristo implica establecer un modelo integrado de seguridad urbana entre la Policía, la Fiscalía y las alcaldías. El candidato anticipa que la iniciativa se presentaría como un proyecto de acto legislativo.
“La seguridad del siglo XXI no se construye solo con más uniformados, sino con instituciones fuertes, justicia eficaz, oportunidades para los jóvenes y autoridades locales empoderadas. La Policía Local es una pieza clave de ese nuevo modelo”, afirmó el candidato.
La propuesta instaría a las ciudades de más de dos millones de habitantes a aportar recursos al Consejo Superior de la Judicatura para aumentar la cantidad de jueces de control de garantías al servicio de la ciudadanía.