Detrás de la salida del viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, habría una fuerte puja por el cambio de modelo de reciclaje en el país, que podría terminar impactando a los recicladores más pequeños y el bolsillo de los ciudadanos.
SEMANA conoció detalles de cómo se habría dado esa movida para que quedara en el cargo Ruth Maritza Quevedo, quien venía de ser comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Su hoja de vida fue publicada para ese cargo.
El presidente Petro buscaría que se implemente el nuevo marco tarifario de aseo para el país, con un modelo parecido al de Basura Cero, cuando fue alcalde de Bogotá. De hecho, Quevedo hizo parte de ese gobierno en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Desde 2023, Petro viene insistiendo en esa idea y fue una de las razones por las que sacó al viceministro. “Estuve hablando hace poco de nuestro programa Basura Cero y no han sacado el régimen tarifario, porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto”, dijo Petro al sacarlo en pleno consejo de ministros.
Desde su gestión en la CRA, Quevedo ha adelantado el nuevo marco tarifario de aseo y ya hay un borrador que no convence al sector ni a los recicladores más vulnerables. Libreros se habría opuesto a ese modelo por las alertas que genera.
Desde Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, le han hecho frente a esa idea por los riesgos que consideran que conlleva. “La CRA, de manera exprés, con poco análisis, sin soportes y limitadas garantías para la participación, propone expedir nuevos marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”, cuestionó Camilo Sánchez, presidente Andesco y director del Consejo Gremial Nacional de Colombia.
Los recicladores del país, que están asociados, reclaman que no han sido escuchados por Quevedo en varias mesas técnicas que se vienen adelantando desde el año pasado, por lo que no les genera confianza que vaya a quedar en ese cargo. Dicen que tampoco les socializaron en su momento el nuevo marco tarifario. “El documento lo hicieron de afán”, señaló Magda Barinas, una líder de los recicladores que agremia a cientos de ellos.
Barinas aseguró que los recicladores serían los más afectados con este nuevo marco. “Estuvimos pidiéndole a la CRA el marco tarifario, pero cuando sacan este documento nos tomó por sorpresa. Nunca se nos presentó”, reclamó. Por eso, decidieron hacer plantones frente a la CRA hace varios meses, para ser escuchados, pero no encontraron respuestas.
Entre las dudas que les genera el nuevo modelo está que les pedirían firmar un contrato uniforme con cada uno de los usuarios, tendrían que cambiar de herramientas de trabajo en menos de ocho años y les descontarán un 21 % que irá a una fiducia para su seguridad social. Igualmente, tendrían que presentar un pesaje en línea ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Cuestionan que la Corte Constitucional ha establecido protecciones especiales para los recicladores y que eso se estaría vulnerando. Piden a los entes de control intervenir para determinar si tienen razón en estas alertas.
En medio de toda la puja, la única asociación de recicladores que respaldaría el nuevo marco tarifario es Unir. Lo que llama la atención es que de ella hicieron parte dos personas que llegaron a trabajar como asesores de Quevedo en la CRA y que la habrían apoyado en este proceso.
SEMANA consultó a Quevedo para conocer su posición sobre el tema pero no contestó los mensajes.
La alerta de fondo es que los más de 22.000 recicladores se puedan quedar sin ese empleo y los usuarios terminen pagando por la recolección del material a través de las facturas de servicios públicos, pues los únicos que tendrían la capacidad de hacer esa inversión sería una empresa de importante músculo financiero. ¿Quiénes serán los beneficiados?