El magistrado de la Justicia Especial para la Paz, Camilo Suárez, se refirió al papel que cumplió Rodrigo Londoño, exjefe máximo de las Farc, en el cementerio de Pitalito, Huila, donde empezó a cumplir la sanción que le impuso el tribunal de justicia transicional por algunas de sus atrocidades cometidas cuando hacía parte del grupo armado.
En diálogo con el diario La Nación de Neiva, el magistrado contó que en el camposanto del Valle de Laboyos “hay mucha planta de bambú”.
“Un primer trabajo de ellos (los exjefes de las Farc), en jornadas de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., ha correspondido a despejar y limpiar el terreno del cementerio. Por eso, algunas fotografías donde ustedes los veían con un machete. Ellos han venido participando también en actividades de excavación. Ellos, en esa permanencia en el cementerio, están restringidos en sus derechos de movilidad”.
Según informó el magistrado, los exjefes de las Farc “durante la tarea no se pueden mover del cementerio; hay un monitoreo tanto físico como electrónico que debe permanecer allí”.
Contó que los exintegrantes de las Farc están contribuyendo fundamentalmente a la ubicación y búsqueda de personas desaparecidas. “Eso tiene dos componentes, un componente desde el punto de vista de poder ubicar las fosas y participar en las excavaciones. Y hay un componente técnico, por supuesto, que tiene que ver con trabajos de antropología, con trabajos de Medicina Legal, que ya es el manejo de los restos óseos. Pero, encontrar la fosa, acceder a la fosa, en el proceso de excavación, participan los comparecientes”.
En diálogo con el medio local, el magistrado Suárez sustentó la sentencia que la JEP impuso a los máximos jefes de las Farc y que fue ampliamente criticada por las víctimas.
“Esa sentencia nosotros la dispusimos partiendo del máximo de la pena que se puede imponer; el máximo son ocho años, pero hay unos elementos que nos establece la ley que pueden generar unos descuentos, pero, por ejemplo, Rodrigo Londoño fue condenado a ocho años de sanción propia. Jaime Alberto Parra a siete años, Milton de Jesús Toncel a siete años y ocho meses, Pablo Catatumbo a ocho años; en fin, así están definidos los tiempos. Y a ellos se les impone una figura que se llama sanción propia. La sanción propia es una figura absolutamente novedosa, novedosa en el sistema jurídico colombiano, inclusive, yo me atrevería a decir en el mundo, porque la sanción propia busca fundamentalmente restaurar y reparar el daño causado, el daño que causaron estas personas. Pero eso se hace bajo condiciones de restricción de derechos, restricción de libertades que no son cárcel. Esa sanción tiene un componente restaurativo y, a lo largo del proceso, un proceso de investigación de cinco años y un proceso de juzgamiento de cerca de dos años y medio, se establecen los proyectos restaurativos donde participan las víctimas y aquí se establecieron seis proyectos restaurativos”.
En el Huila, reportó el magistrado, se ha podido establecer que hay cerca de 540 desaparecidos en ese territorio. “Pero este trabajo de dos semanas nos ha permitido encontrar 12 restos que tienen relación con el conflicto armado. Nosotros tuvimos una reunión con 37 víctimas seleccionadas de la Mesa Técnica de Víctimas y de Justicia Transicional en Pitalito y se les consultó sobre estos proyectos”.