Las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude en el proceso electoral durante el último mes levantaron ampolla en varios sectores de la política nacional.
Que si el código de preconteo de los votos era transparente o no, que si las elecciones eran manipuladas por una multinacional extranjera, que si el registrador había diseñado un proceso opaco o no, o que si no había suficientes garantías; todos esos fueron los argumentos con los que Petro minó el camino de cara al 8 de marzo y le apuntó directo a la institucionalidad del país.
Esos pronunciamientos del mandatario se produjeron justo en la recta final hacia las elecciones previstas para este domingo 8 de marzo, lo que elevó la tensión en el ambiente político.
Sus declaraciones despertaron preocupación en distintos sectores que consideran necesario preservar la confianza pública en el sistema electoral justo cuando el país se prepara para acudir a las urnas.
Pero lo que comenzó con una fuerte seguidilla de insistentes trinos disparados hacia todas las bases de las instituciones electorales del país ha venido decantándose en un discurso al que ya no muchos, diferentes a los partidarios del Gobierno, le dan lugar.
El presidente se quedó solo en su intento por minar la transparencia de las elecciones y eso quedó evidenciado durante la reunión de la Comisión de Garantías Electorales realizada en el Hotel Tequendama de Bogotá ayer en la tarde.
Allí, representantes de varias colectividades expresaron su respaldo a la labor que adelanta el registrador nacional, Hernán Penagos, y defendieron la capacidad institucional para garantizar la transparencia del proceso.
En ese espacio también se discutieron inquietudes relacionadas con el desarrollo de las campañas en distintas regiones del país. Algunos delegados de los partidos alertaron sobre denuncias de compra de votos y sobre dificultades para llevar a cabo actividades proselitistas en determinados territorios, factores que podrían afectar el normal desarrollo de la contienda electoral.
Pese a esas preocupaciones, la mayoría de las colectividades coincidió en que el proceso electoral debe avanzar dentro de los canales institucionales.
El respaldo a la Registraduría se convirtió así en uno de los mensajes predominantes de la reunión, en la que varios dirigentes insistieron en la necesidad de evitar cuestionamientos que debiliten la confianza ciudadana en las elecciones.
La controversia política también evidenció diferencias dentro del escenario partidista. El partido Cambio Radical decidió no participar en la Comisión de Seguimiento Electoral y cuestionó las declaraciones del presidente Petro relacionadas con un eventual fraude.
Uno de los pronunciamientos más llamativos fue el del partido Partido Mira. Esa colectividad recordó que fue protagonista de un fallo judicial en 2018 por irregularidades en el escrutinio, antecedente que el presidente citó para advertir posibles riesgos.
Sin embargo, su posición actual fue categórica. Reconocieron que las alertas son válidas en democracia, pero advirtieron que hablar de fraude sin pruebas concretas erosiona la confianza ciudadana. Según su balance, las observaciones técnicas que formularon fueron atendidas y, tras revisar el código fuente y participar en pruebas del sistema, no detectaron anomalías.
Desde el Centro Democrático también hubo respaldo a la autoridad electoral. Sus delegados cuestionaron lo que consideran ataques del Gobierno a la transparencia del proceso y señalaron que el foco debería estar en la seguridad en varias regiones del país.
En la misma línea se pronunció el Partido Conservador Colombiano, que dijo sentirse tranquilo con la logística electoral, aunque pidió mayores garantías tras incidentes en la sede central de la Registraduría en Bogotá.
Desde distintos sectores políticos se reiteró que el proceso debe contar con garantías para todos los candidatos y movimientos que participan en la contienda. En ese sentido, se insistió en que las autoridades electorales y los organismos de control deben mantener una vigilancia permanente para prevenir irregularidades.
El debate se desarrolla en un momento clave del calendario político. A pocos días de la votación, las instituciones encargadas de organizar las elecciones mantienen en marcha los preparativos logísticos mientras los partidos afinan sus estrategias para la jornada electoral.
En medio de ese panorama, el respaldo de varias colectividades a la Registraduría busca enviar una señal de estabilidad institucional. Para los partidos que participaron en la reunión de garantías, el desafío inmediato consiste, no en la revisión de la transparencia de la Registraduría, sino en que las elecciones sean seguras y libres en todo el país.