Aunque el proyecto de ley de sometimiento a la justicia no ha sido agendado para su debate, la realidad es que la iniciativa no cuenta con un respaldo político y empezó a naufragar.
En medio de todas las críticas que se han hecho por los beneficios que se les darían a todos los grupos criminales, este miércoles 22 de octubre se conoció la ponencia de archivo que fue radicada por un grupo de representantes a la Cámara.
Esta iniciativa es fundamental para el gobierno del presidente Gustavo Petro y es liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien sufriría una dura derrota en el Congreso de la República.
La ponencia de archivo tiene 71 páginas y allí se argumentan las razones por las cuales dicha iniciativa debe archivarse en su primer debate. El documento está firmado por Julio César Triana, Marelen Castillo, José Jaime Uscátegui, Juan Daniel Peñuela, entre otros.
“Consideramos que es un proyecto inconstitucional porque debió ser tramitado como una ley estatutaria y no como una ordinaria. Acá se habla de temas de justicia transicional como las penas alternativas y el tratamiento penal diferencial. Además, genera impunidad para los criminales que terminarían con penas irrisorias”, manifestó Julio César Triana.
El representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, dijo que el proyecto del Gobierno Petro afectará la seguridad del país y que únicamente beneficia a los criminales.
“No puedo estar de acuerdo con más impunidad, ni con seguirles haciendo el juego a los amigos del pacto de La Picota. Este proyecto pretende premiar criminales y dejarles incluso el dinero ilegal que le arrebataron al pueblo colombiano”.
La ponencia de archivo advierte que el Gobierno Petro les abre la puerta a los reincidentes y que se otorgaría estatus político a grupos criminales.
Uno de los principales reclamos contra el proyecto, por el que varios congresistas y ciudadanos se oponen, es porque podría darles beneficios a los criminales que ya han reincidido y que en muchos casos se habían sometido a procesos de este tipo, como Justicia y Paz y al Acuerdo de Paz de La Habana con las FARC.
Luego del Acuerdo que firmó el expresidente Juan Manuel Santos en 2016, quienes pertenecían a ese grupo guerrillero terminaron en diversas estructuras, bien sea porque no quisieron suscribir el acuerdo o porque volvieron a la guerra al no encontrar garantías en lo firmado, según ellos.
En la iniciativa se contempla incluir al Estado Mayor Central (EMC), comandado por Iván Mordisco; la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, quien salió de la lista de negociadores; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de alias Calarcá. Dos de estos grupos se encuentran negociando con el Gobierno; sin embargo, hasta ahora no se han logrado mayores resultados.
Un mico adicional sobre el que han puesto la lupa algunos congresistas es que abriría la puerta nuevamente a beneficios que ya fueron negados por la JEP, o reabriría casos ya juzgados, lo que —para la representante Marelen Castillo— desconocería las decisiones judiciales.
La congresista reclama que el proyecto le negaría la posibilidad a la Fiscalía de controlar los listados de los beneficiarios del acuerdo y que no haya un control real de quiénes están ingresando. Ella manifiesta que podría haber colados en esas estructuras, además de que sería inconstitucional.
Una de las mayores preocupaciones que habría sobre el proyecto de ley es la falta de garantías que puedan tener las víctimas, quienes podrían terminar sin una reparación real ni conocer la verdad sobre los crímenes que se cometieron.
Por ahora, no está claro cuándo iniciará el debate pero esta ponencia de archivo podría conseguir los votos suficientes para que se hunda el proyecto.