Después de la demanda que el presidente Gustavo Petro anunció contra la declaratoria de la elección presidencial, surgió una nueva ofensiva jurídica en su contra.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, radicó este 7 de julio una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en la que solicita abrir una investigación política y penal contra el jefe de Estado por las declaraciones con las que desconoció el triunfo electoral de Abelardo De La Espriella.
En el documento, de nueve páginas, De Bedout sostiene que Petro habría incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir, además de pedir que se investigue una eventual causal de indignidad por mala conducta.
La denuncia argumenta que el mandatario se extralimitó en sus funciones al afirmar públicamente que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas y que el verdadero ganador de los comicios fue Iván Cepeda, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había declarado oficialmente la elección de Abelardo De la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030.
El denunciante también cuestiona las publicaciones que Petro hizo el 6 de julio en su cuenta de X, en las que aseguró que el mandatario electo “solo será presidente por el fraude hecho en EE. UU. con empresas israelíes” y convocó a una movilización nacional para el próximo 20 de julio.
Según el escrito, esos mensajes, sumados al anuncio de una demanda para anular la elección presidencial, generaron incertidumbre institucional y podrían afectar la transición de gobierno.
Como uno de los elementos que, a juicio del concejal, refuerzan la denuncia, el documento cita las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien reconoció que la suspensión del proceso de empalme obedeció a una instrucción directa del presidente Petro.
Para De Bedout, ese hecho demostraría una conducta orientada a obstaculizar la transición presidencial y desconocer los resultados electorales certificados.
En la denuncia presentada en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el concejal sostiene que las actuaciones del presidente podrían configurar abuso de autoridad al desconocer una decisión del Consejo Nacional Electoral, organismo que tiene la competencia constitucional para certificar los resultados de las elecciones.
Asimismo, plantea que la convocatoria a movilizaciones, en el contexto de sus denuncias sobre un supuesto fraude, podría analizarse bajo el delito de instigación a delinquir.
Finalmente, el presidente del Concejo de Medellín pidió a la Comisión de Investigación y Acusación abrir de inmediato la investigación, practicar las pruebas correspondientes y, si encuentra mérito, presentar una acusación ante el Senado para que adelante el eventual juicio político contra el jefe de Estado.