La Procuraduría anunció la apertura de una investigación preliminar contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, por presuntamente haber omitido su deber a la hora de comprar un seguro todo riesgo durante el proyecto de Hidroituango, en 2021.

De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario paisa y el ejecutivo habrían faltado a su deber en el momento en que omitieron la compra de una póliza para el polémico proyecto y por ello se ordenó analizar todas las pruebas sobre este hecho.

“Abrir indagación previa contra Daniel Quintero Calle en calidad de alcalde mayor de Medellín, en calidad de presidente de la Junta Directiva, Jorge Andrés Carrillo, en calidad de gerente, por la presunta omisión de la obligación de asegurar contra todo riesgo al proyecto hidroeléctrico Ituango en la vigencia 2021″, dice la resolución compartida en redes sociales.

Igualmente, la Procuraduría ordenó que se notificara inmediatamente a Quintero y Carrillo la apertura de la investigación. “Notificar personalmente a través de la secretaría de este despacho la presente decisión a Daniel Quintero Calle y Jorge Andrés Carrillo Cardoso o los defensores que designen en los términos de los artículos 121 y siguientes del Código General Disciplinario 2.1- En el acto de notificación se informarán las facultados y derechos que le asisten”, dice la resolución.

Piden activar PMU en Bolívar. | Foto: Gobernación de Bolívar

Recientemente, Quintero reaccionó a los cuestionamientos que han surgido en el país por el pronunciamiento del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez, relacionadas con un supuesto informe del Servicio Geológico Colombiano en el que advertía sobre presuntos problemas de inestabilidad en Hidroituango.

El mandatario de Medellín expresó que la aclaración sobre el tema realizada por el SGC en el que desmintieron al director de la UNGRD lo deja “mal parado” y afirma que es “importante despolitizar la entidad y profundizar en rigor técnico”.

El pronunciamiento al que se refiere el trino fue realizado el 14 de diciembre pasado y, frente a este, el Servicio Geológico afirmó que las advertencias que lanzó no están enmarcadas en el documento.

Al contrario, los investigadores detallaron que los datos que alcanzaron a recopilar dentro de la obra no fueron suficientes para emitir un concepto sobre la estabilidad global del macizo rocoso y la viabilidad de la central, por lo que se deben realizar averiguaciones profundas.

Lo delicado de la situación es que el titular de la UNGRD, Javier Pava Sánchez, comentó que las indagaciones practicadas sobre el terreno sí mostraron datos preocupantes. Entre tanto, dijo que un experto en el tema anticipó que la inestabilidad del macizo rocoso podría llegar a causar graves consecuencias que causaría un colapso y avenida torrencial.

“La UNGRD solicitó al Servicio Geológico Colombiano una inspección en el proyecto, cuyo informe arrojó que se identificaron problemas de inestabilidad en la presa y dificultades de erosión en las áreas subterráneas, por lo que recomendó realizar una serie de estudios adicionales para confirmar las condiciones del macizo”, señaló la entidad.

De izquierda a derecha: Daniel Quintero, alcalde de Medellín; las pruebas finales de las unidades de generación 1 y 2 de Hidroituango y Javier Pava Sánchez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo | Foto: Fotos de Daniel Quintero Calle en Twitter, de EPM y de @UNGRD, respectivamente

Irregularidades en los contratos del Valle del Software

Por otra parte, el Ministerio Público también anunció que abrió indagación previa contra el alcalde de Medellín por posibles irregularidades en la ejecución del contrato del proyecto Valle del Software.

De acuerdo con la Procuraduría, se habrían presentado posibles anomalías en el contrato específicamente en el incumplimiento de la entrega de varios centros territoriales que fueron pensamos para el uso de las tecnologías en comunidades vulnerables.

La entidad pidió copia de los estudios previos, contratos y actas de entrega del proyecto bandera del mandatario local para poder determinar si existen o no irregularidades en las entregas.