SEMANA: Usted nos dijo hace poco que quien llegue el 7 de agosto a la presidencia ocupará el cargo más difícil de toda la historia. ¿Tan mal estamos?
J. Mauricio Gaona: En efecto, pero podríamos estar peor si no reaccionamos ya. Es trascendental que los votantes entiendan esto: se acabó el tiempo. Estamos sacrificando el futuro de millones de personas con liderazgos anacrónicos que buscan resolver desafíos del siglo XXI con ideologías del siglo XX. Peor aún, lo que nos proponen hoy no es una solución; es un problema estructural del que toma, al menos, de una a dos generaciones salir. Se trata de utilizar el disfraz de una asamblea nacional constituyente para pasar de la democracia a una dictadura constitucional.
SEMANA: ¿Cuál es el contexto de este intento de ponerse ese disfraz?
J.M.G.: Reitero, los desafíos que enfrenta Colombia no son hipotéticos, son realidad y ya están aquí. Colombia es el mayor productor de coca del planeta, tiene una tercera parte de su población viviendo bajo la línea de pobreza, el sistema de salud está en cuidados intensivos, el déficit fiscal es histórico y se aproxima al 7 por ciento del PIB. El sistema de justicia parece favorecer la impunidad y el crimen, mientras la independencia de los jueces y la prensa están siendo amenazadas. Al menos una cuarta parte del territorio se encuentra en el abandono. Hoy el desarrollo económico recae sobre empresas y sobre el liderazgo de autoridades locales que hacen lo que pueden para preservar la institucionalidad, la libertad y el orden.
SEMANA: Colombia acaba de elegir un nuevo Congreso. ¿Ve riesgo de materializar la constituyente?
J.M.G.: Hoy sabemos que no hay una mayoría parlamentaria predominante. Hay “minorías mayoritarias”. La más importante es el Pacto Histórico, con 25 escaños en el Senado y 42 en la Cámara. Si gana un candidato de oposición, se balancearían las cargas frente al mayor riesgo institucional: la asamblea nacional constituyente. La oposición es parte vital de una democracia y es una razón para proteger la Constitución, no para cambiarla.
SEMANA: ¿Y si gana Iván Cepeda?
J.M.G.: Si gana el senador Cepeda, se alinearían situaciones de riesgo sistémico. La decisión de pasar a una asamblea nacional constituyente se convertiría en una prioridad inmediata, con un capital político innegable para hacerla efectiva en el corto plazo. La propuesta que registró el Gobierno actual el 26 de diciembre de 2025 pasaría a ser una decisión política cuya etapa le corresponde ahora al Congreso recientemente elegido. El senador Cepeda ha sido enfático: impulsará las propuestas del Gobierno actual y quiere “cambiar el Congreso”.
SEMANA: ¿Por qué es un riesgo la asamblea nacional constituyente?
J.M.G.: Lo dije antes: el problema de Colombia no es la Constitución, son los líderes. Al analizar la propuesta registrada el pasado diciembre, se vislumbra con meridiana claridad que lo que buscan es cambiar el orden constitucional: la separación de poderes, la supremacía de la Constitución y la independencia judicial. Cuando tales principios se eliminan a través de las normas y no de las armas, lo que queda es una dictadura constitucional. El resto es prólogo.
SEMANA: Iván Cepeda dice que le apuesta más a un pacto nacional que a la constituyente. ¿Le cree?
J.M.G.: La pregunta no es si yo le creo, sino si los colombianos le creen. Estamos eligiendo no solo un presidente, sino un sistema de gobierno. La propuesta de unificación del poder es clara: buscan que el Ejecutivo tenga una influencia directa sobre el Congreso para eliminar lo que ellos llaman “bloqueo institucional”. Esto es, en la práctica, eliminar la oposición, eliminar la democracia. Es la tesis del hiperpresidencialismo: convertir al presidente en la máxima autoridad, no solo administrativa, sino constitucional, desplazando eventualmente al guardián natural de la carta magna: la Corte Constitucional.
SEMANA: ¿Qué pasaría en ese escenario?
J.M.G.: Una vez controlen el Congreso, este operaría en la práctica como un departamento administrativo del Ejecutivo. Desde allí, a través del poder de nominación, se controlarían eventualmente las cortes y los organismos de control. Los ejemplos están por todo el mundo. El proyecto está dirigido a ser una asamblea constituyente originaria, la más peligrosa porque no tiene casi límites. Es lo que pasó en Venezuela. Ese tipo de cambios dura por lo menos una generación. Basta mirar los casos de Nicaragua, Venezuela, Camboya, Filipinas, Hungría, Guinea Ecuatorial o Egipto. En Venezuela fue una toma hostil en la que cerraron la Asamblea Nacional (el Congreso venezolano) y destituyeron a la fiscal general, Luisa Ortega. No cambian una norma; cambian el sistema de vida de la gente. Se les puede preguntar a los 8 millones de venezolanos que tuvieron que buscar un hogar a través del mundo.
SEMANA: Muchos colombianos temen que el país avance hacia un modelo comunista. Quiero pedirle que nos explique conceptualmente qué significa y si eso aplica con la izquierda de hoy.
J.M.G.: El senador Cepeda tiene el derecho constitucional de pensar diferente, pero el impacto de adoptar un sistema anacrónico sería nefasto para Colombia. Ubico su ideología entre el socialismo puro y el socialismo democrático, pero distanciada del socialismo moderado de países como Francia o Canadá. Esos son Estados capitalistas con economías de mercado y un alto corte social (welfare state), donde el transporte público es el más desarrollado y accesible del mundo, y donde los costos médicos se ajustan más a las necesidades de la gente. Eso, sin embargo, no es comunismo ni socialismo puro; es el resultado de consensos democráticos entre fuerzas de oposición dentro del Estado de derecho.
SEMANA: Concretamente, ¿el comunismo qué es?
J.M.G.: El comunismo promete una distribución de la riqueza, pero termina distribuyendo solo pobreza. El Estado se apodera de los medios de producción y excluye el capital privado, con un costo inamovible: la anulación de la libertad de prensa y de la oposición. El modelo más cercano en Latinoamérica es Cuba, donde el resultado es incontestable: una de las economías más pobres del hemisferio y varias generaciones perdidas. La riqueza nunca se distribuyó, porque no queda; solo quedó pobreza.
SEMANA: ¿Qué hace pensar que Iván Cepeda propone un camino por ese lado?
J.M.G.: Algunas de sus propuestas parecen radicales: ha hablado de acabar con la institucionalidad actual y de impulsar reformas al Congreso. El próximo presidente tiene que gobernar para toda Colombia, no solo para su región o ideología predilecta. Los ataques del candidato a Antioquia, por ejemplo, son irrespetuosos e inaceptables. Es un tema de ética de Estado.
SEMANA: ¿Qué diferencia a la izquierda de Petro de la de Cepeda?
J.M.G.: La del presidente Petro parece una izquierda fabricada para acceder al poder, marcada por su inmadurez constitucional, su inestabilidad emocional y un liderazgo que difícilmente inspira la estatura de un estadista. Su legado como su gobierno son intrascendentes. La del senador Cepeda, en cambio, parece más disciplinada, estructurada y, por ende, más radical. Se ubica en un modelo de gestión que, para un país como Colombia, tendría consecuencias devastadoras. Preocupa, además, que el candidato no parece dispuesto a debatir y defender sus tesis frente a los otros candidatos. El debate público no es una prerrogativa de los candidatos, es un deber con la democracia.
SEMANA: Hablemos de los desafíos técnicos de Colombia en estos tiempos. Usted habla mucho de la inteligencia artificial y la tecnología. ¿Por qué?
J.M.G.: Mientras discutimos los problemas del siglo XX, ignoramos el tsunami tecnológico que se aproxima. La integración de la inteligencia artificial con la tecnología cuántica (QAI) es inminente. Cerca del 25 por ciento de las carreras actuales no tendrán uso económico en dos años. Colombia no produce IA, ni siquiera está en la cadena de producción. Estamos frente a una brecha tecnológica, económica y militar de medio siglo con los países que sí están enfocados en el siglo XXI. No necesitamos doctrinas pretéritas; necesitamos liderazgo y políticas públicas que protejan a la población frente a un cambio que ya llegó. El país no puede seguir anclado en el siglo XX. Se lo debemos, por lo menos, a los jóvenes.
SEMANA: Para terminar, ¿recibe el próximo presidente un país quebrado?
J.M.G.: El desafío fiscal es gigantesco. Hay un déficit proyectado de hasta el 7 por ciento del PIB. Eso deja un margen de maniobra minúsculo para la inversión. La salud está en caos y su reforma depende, irónicamente, de la salud de las finanzas públicas. Colombia necesita a los mejores administradores de su historia. Cambiar la Constitución para que refleje la voluntad del gobernante no es la solución. Hay que defender el orden constitucional y llevar el país al siglo XXI. Sí hay salida, pero no es por la puerta que conduce al pasado.