SEMANA: Colombia vive muy profundos debates jurídicos ad portas de las elecciones. Y muchos dicen que, a causa de la expectativa que hay por la presidencia, nadie está mirando al Congreso. ¿Usted ve ahí un riesgo?
Mauricio Gaona: Sí. Es claro que el Congreso puede cambiar el desarrollo de un gobierno. Pero también, por otro lado, puede llevar a tendencias autoritarias, como cuando se fragmentan demasiado las minorías o se produce un fenómeno que en derecho constitucional comparado se denomina atomización. Entonces, estamos ante una situación histórica, porque ya no hay mayorías absolutas o significativas en el Congreso. Ninguna fuerza tiene hoy el 51 por ciento y no hay ningún partido que controle ni siquiera un 30 por ciento. Estamos abocados a una realidad inminente. El Centro Democrático y el Pacto Histórico pueden cruzar el umbral del 20 por ciento, pero sumados no llegan a la mitad. A eso se añade que hoy no hay liderazgos de Estado, no en relación con una política corrupta y clientelista, que los colombianos tanto despreciamos, sino en relación con la ética de Estado, que tanto necesita el país para entrar al siglo XXI. Nos encontramos en un punto de inflexión, en el que parecieran primar más los beneficios personales que la res publica o el beneficio público. Obviamente, no hablo de todos los congresistas; hay que mirar caso por caso.
SEMANA: ¿Esa atomización es un problema?
M.G.: Sí. La atomización ocurre cuando la mayoría se distribuye en varias minorías. Cuando, para alcanzar un acuerdo en lo fundamental, el Gobierno tiene que negociar voto a voto. Y, en esa negociación de voto a voto, lo que se produce es, desafortunadamente, una transacción sobre el beneficio individual o político; verbi gratia, cuando el político condiciona la institucionalidad de su voto: yo voto, ¿pero a cambio de qué? En Colombia, eso suele traducirse en puestos, contratos o en lo que coloquialmente se conoce como mermelada. Eso lleva a una deslegitimación del Poder Legislativo. Y deslegitimado significa que es más fácil presionar votos individuales que votos de mayorías fuertes y consolidadas. Ese es un riesgo institucional para la democracia, porque terminamos en un sistema que se denomina hiperpresidencialismo. Es decir, cuando el presidente llega al punto más alto de su poder en la secuencia constitucional histórica de la doctrina del poder; cuando estamos a un paso del abuso del poder y el autoritarismo.
SEMANA: ¿Y estamos en eso?
M.G.: Yo he insistido en eso: estamos muy cerca. El problema de Colombia no es la Constitución, son los líderes. Lo que hay que cambiar son los líderes, no las leyes y mucho menos la Constitución. Y, para que cambien los líderes, tienen que cambiar los votantes. Cada colombiano tiene que hacer una introspección y preguntarse si quiere que sus hijos conozcan un país diferente. He advertido en otras ocasiones que hay un momento en la historia de cada nación cuando el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Esto puede ser para bien o para mal.
SEMANA: ¿Se podría decir que este Congreso tiene una especial trascendencia histórica?
M.G.: Sí, la tiene porque está sobre la mesa la propuesta de este Gobierno de hacer una asamblea popular constituyente, que, como la han presentado, requiere un umbral menor desde el proceso de recolección de firmas hasta la forma en que se llega a aprobar. Entonces, importa porque existe la posibilidad de que puedan ejercer presiones que conduzcan al hiperpresidencialismo en el siguiente Gobierno. Y eso se traduciría en una reforma constitucional que el país no necesita. Colombia no necesita que cambien sus leyes, sino que las hagan cumplir; que se recupere la libertad, el orden y la ética de Estado. No hay un motivo constitucional ni histórico real. El famoso bloqueo institucional no es un motivo para reformar una constitución; ese bloqueo es parte de una garantía constitucional precedente que se llama oposición, un precio inherente a la democracia. Si el partido que quiere cambiar la Constitución gana la presidencia y también la mayoría (significativa) en el Congreso, es difícil evitar el cambio de régimen constitucional. Empero, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, es menester democrático que todos los partidos tengan representación en el Congreso y que exista una oposición claramente identificable.
El profesor Mauricio Gaona explica todo lo que está en juego en las urnas en 2026 y por qué "la presidencia que viene será la más difícil en la historia republicana de Colombia". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Rqm8hF6MQE
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 15, 2026
SEMANA: Si se cambia la Constitución, ¿qué podría pasar?
M.G.: Cambiar el orden constitucional es más grave que cambiar la misma Constitución, lo que yo llamo régimen constitucional. Como están las cosas y de acuerdo con las propuestas del Gobierno, lo que se quiere cambiar es el orden constitucional; esto es, los principios que sostienen la existencia de un Estado de derecho y de la Constitución. Principalmente, el principio de separación de poderes. Es decir, ese mismo Congreso podría llegar a cambiar las reglas de juego completamente, dejando una mayoría controlada por el presidente, donde no haya “bloqueos institucionales” y donde se termine con un Congreso de bolsillo; una especie de departamento legislativo del Gobierno de turno. Entonces, en ese sentido importa. No importa qué bando gane; es fundamental el Congreso que se conforme este 8 de marzo. La oposición no es un motivo para reformar una constitución, sino para protegerla.
SEMANA: En términos sencillos, ¿qué significa que este Congreso sea el de la constituyente?
M.G.: El riesgo sería tener un grupo político que dicte los términos de la Constitución o que abra el camino para que se reforme no solo el régimen, sino el orden constitucional. Al observar las propuestas del Gobierno, nos damos cuenta de que no se está proponiendo cambiar la Constitución, sino el orden constitucional que la soporta, los principios que garantizan que el sistema de gobierno sea democrático. ¿Y qué sostiene el orden constitucional? El principio de supremacía constitucional y el principio de separación de poderes. Esta propuesta va hacia la unificación del poder. Lo que se está buscando es que el Congreso termine siendo más un departamento administrativo del presidente. De ahí a controlar el Poder Judicial hay un paso. Es cuestión de tiempo que el presidente controle todos los poderes. Cuando se elimina la separación de poderes, lo que queda es dictadura constitucional. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos. En la parte motiva de los proyectos que presentó el Gobierno, no se ven mayores límites. Por ejemplo, que se respetaran los derechos humanos. Un respeto que, de todos modos, está descrito en los tratados internacionales suscritos por Colombia y que sigue existiendo en el derecho internacional público. Allí entran, obviamente, temas como la reelección del presidente, inmediata o como la quieran presentar. Y, en esos casos, naturalmente, reitero, terminamos más cerca del autoritarismo y de la dictadura constitucional, especialmente cuando las reformas introducidas buscan sustraer la esencia y función de los poderes Judicial y Legislativo para crear un Ejecutivo imparable. Existe una razón ontológica y constitucional por la cual el poder público se divide en tres ramas de similar institucionalidad, importancia y efecto.
SEMANA: Y, le insisto, ¿eso está en juego en 2026?
M.G.: Colombia, y lo dije desde el año pasado, enfrenta en las elecciones de 2026 los riesgos más determinantes en su historia republicana. Y no es solo por la constituyente, sino por el momento histórico y por los riesgos inmensos que enfrenta el país y el mundo. A saber, un déficit fiscal de proporciones históricas, entre el 5,6 y el 7 por ciento del PIB, considerando deuda pública total y déficit de los fondos de estabilización; esto es una cifra asfixiante que limita ostensiblemente planes de futuros Gobiernos. Una inteligencia artificial, y gradualmente cuántica, que puede fracturar las economías de América Latina y de los países que no la producen debido a déficits institucionales cíclicos en educación, investigación e infraestructura tecnológica. El regreso inminente a un narco-Estado ante el incremento exponencial de organizaciones criminales y de hectáreas de coca cultivada. El abandono moral e institucional de las regiones ante una pobreza endémica, que amenaza a casi una tercera parte de la población. Y además de un nuevo orden mundial en el que el multilateralismo empieza a desvanecerse ante la repotencialización militar, doctrinal, económica y tecnológica impulsada por Estados Unidos, Japón y China. El país necesita un presidente que aplique lo que denominamos como constitutional restraint, que no es otra cosa que la posibilidad de restringirse a sí mismo ante los excesos del presidencialismo y el abuso del poder, al tiempo que promueve con sus acciones y decisiones la institucionalidad, competitividad y eficiencia del Estado. En suma, la configuración de mayorías y minorías en el Congreso determinará la capacidad del Gobierno para enfrentar esos retos, mientras que la elección del presidente definirá la habilidad del Gobierno para diseñar acciones estratégicas a fin de responder a tiempo y promover un desarrollo real y sostenible. No me cabe duda alguna: la que sigue será la presidencia más difícil de toda nuestra historia.
SEMANA: ¿Es verdad que una constituyente podría revocar la elección presidencial que se realice en mayo y junio?
M.G.: Eso es algo que han demostrado reformas constitucionales en otros países. Lo hemos visto en Egipto y Túnez, donde el pretexto de la ineficiencia del Congreso sirvió para redactar constituciones a medida del Ejecutivo. Incluso en Filipinas, Hungría y Nicaragua, donde se usaron mayorías o el poder de nominación para capturar las cortes. Más cerca de casa, Venezuela, en donde la Asamblea Constituyente tuvo poderes ilimitados. Su primera decisión fue cerrar el Congreso y luego destituir a la fiscal general. El patrón global es claro: cuando un presidente dice que la Constitución no lo deja trabajar, el paso siguiente suele ser una reforma para que nadie pueda controlarlo.
Jurídicamente, el riesgo radica en la pretensión de que la asamblea sea omnímoda u originaria. Bajo esa tesis, una vez instalada, la asamblea no reconoce límites en los poderes constituidos; se declara soberana y superior a la voluntad expresada en las urnas meses atrás. Por eso, el peligro no es solo legal, es de ruptura del hilo democrático: una constituyente que revoque un mandato popular reciente o altere periodos presidenciales y funciones primarias del poder público no está reformando la Constitución, está demoliendo los principios inherentes al orden constitucional que soporta cualquier constitución.
SEMANA: Paralelamente a la constituyente, hay en la Corte Constitucional un debate muy grande alrededor de la emergencia económica. ¿Qué peligros le ve al camino de los estados de excepción en esta época electoral?
M.G.: Un presidente tiene la facultad constitucional de utilizar estados de excepción porque están en la Constitución. Entonces, que él los use no implica necesariamente autoritarismo. Lo que ocurre es que esos estados son, por tradición e ingeniería constitucional, extraordinarios. De hecho, una de las principales críticas a la Constitución de 1886 era que los presidentes acudían permanentemente al artículo 121, gobernando por muchos años bajo estados de sitio; es decir, legislando por decreto sin pasar por el Congreso. La historia nos ha enseñado qué pasa cuando volvemos algo extraordinario en algo ordinario. Pero usted me hace la pregunta clave y es en “época de elecciones”. Eso cambia todo.
SEMANA: Paralelo a la Constituyente, hay en la Corte Constitucional un debate muy grande alrededor de la emergencia económica. ¿Qué peligros le ve a tomar el camino de los estados de excepción en esta época electoral?
M.G.: Un presidente tiene la facultad constitucional de utilizar estados de excepción porque están en la Constitución. Entonces, que él los use no implica necesariamente autoritarismo. Lo que ocurre es que esos estados son, por tradición e ingeniería constitucional, extraordinarios. De hecho, una de las principales críticas a la Constitución de 1886, era que los presidentes acudían permanente al artículo 121, gobernando por muchos años bajo Estados de sitio; es decir, legislando por decreto sin pasar por el Congreso. La historia nos ha enseñado qué pasa cuando volvemos algo extraordinario en algo ordinario. Pero usted me hace la pregunta clave y es en “épocas de elecciones”. Eso cambia todo.
SEMANA: ¿Por qué?
M.G.: Porque, cuando estamos en época de elecciones, el balance democrático del poder cambia. Eso forma parte de lo que se denomina la doctrina del poder. Y esa doctrina del poder nos dice que en esa transición lo que se tiene que entregar son garantías constitucionales a la imparcialidad y a la oposición, no solamente del Gobierno, sino del votante.
No se debe cambiar así el sistema constitucional. Pueden ocurrir circunstancias sobrevinientes, como lo ha expresado el Gobierno, pero para eso está la Corte Constitucional. Lo que no puede hacer un presidente es ponerle un ultimátum a la Corte Constitucional para que tome una decisión. La piedra angular de la democracia colombiana reposa en la protección y respeto de sus guardianes. Lo mismo ocurre en el caso de la Fiscalía General de la Nación. Atacar individualmente a los magistrados o a la fiscal general de la nación por decisiones que afectan los intereses del Gobierno deja de ser un ataque personal y se convierte en un ataque institucional. Los colombianos deben rodear sus instituciones y exigir que se respete su independencia.
SEMANA: En medio del debate de la Corte, el presidente ha escrito trinos en X contra los magistrados y ha desplegado una estrategia de múltiples recusaciones. ¿Este ejercicio es legítimo?
M.G.: Yo siempre he dicho que el límite institucional del poder es la Constitución y el límite moral es la libertad. En este caso, ese respeto, esa ética de Estado la ejerce y la ejemplifica en primera medida el jefe de Estado, el presidente de la república. Sus acciones son prólogo. Es por eso que he dicho que, cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le deja hacer lo que él quiere, al que hay que cambiar es al presidente. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas.