Al comienzo de su gobierno en 2022, Gustavo Petro hizo público su temor a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la única instancia que puede quitarle el fuero de presidente y someterlo a un juicio político. A medida que pasó el tiempo, el líder del Pacto Histórico empezó a sentirse cómodo.
Sin embargo, su escenario hoy es distinto: Petro es expresidente, tiene 370 investigaciones penales y disciplinarias, como lo reveló SEMANA en su más reciente edición impresa, de las cuales 350 adelantarán parlamentarios del Pacto Histórico, sus principales aliados.
El problema son las otras 20 —las más complejas—, entre ellas, la de violación de topes electorales en su campaña presidencial de 2022.
Esto lo investigó hasta el final un triunvirato integrado por los exrepresentantes Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Pero, hoy, la decisión final sobre si se investiga formalmente a Petro o, al contrario, se inhibe, le corresponde al representante a la Cámara Carlos Cuenca, de Cambio Radical, un político independiente de la pasada administración.
El proceso de la Comisión tiene más de 500 páginas y hay un antecedente: la sanción por 5.300 millones de pesos del Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña, que confirma que hubo violación de topes.
Cuenca también tiene en su despacho otra explosiva investigación contra Petro: la del Pacto de Valledupar, la polémica reunión adelantada el 25 de octubre de 2025 donde, según la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, por orden de Petro les pidió a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que declararan contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella —quien iba en alza en las encuestas—, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.
SEMANA habló con Rodríguez y varios excomandantes de las AUC, quienes ratificaron el pedido por parte del Gobierno, mientras que Petro lo negó.
Otro de los poderosos de la Comisión es Daniel Briceño, representante del Centro Democrático. SEMANA confirmó que el joven abogado tiene uno de los procesos más sencillos de decidir contra Petro: la investigación porque reveló en su cuenta oficial de X la historia clínica de Kevin Acosta, el niño que falleció en febrero de 2026 esperando un medicamento de la Nueva EPS para tratar su hemofilia.
El expresidente buscó una justificación para decir que el niño había fallecido tras un golpe en su bicicleta. La investigación —a juicio de varios juristas— es fácil de decidir porque Petro, en sus redes sociales, divulgó la prueba reina en su contra: en Colombia, una historia clínica se considera un documento privado, obligatorio y sometido a reserva.
Cualquier decisión judicial que tomen los representantes investigadores tendrá que pasar, para su votación, a la Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusación.