El Instituto Anticorrupción envió una comunicación a la administración de Donald Trump para que considere incluir en la lista Clinton al empresario Euclides Torres, reconocido públicamente por su cercanía con el Pacto Histórico y por los múltiples cuestionamientos que le hacen a su fortuna.
Torres, que patrocinó la campaña presidencial de Gustavo Petro, está bajo la lupa de Estados Unidos y ya se emitió la primera sanción en su contra: el Departamento de Estado le retiró el visado, al igual que a su familia, por los aparentes nexos que tendría con hechos de corrupción durante el gobierno Petro.
El Instituto Anticorrupción, liderado por el abogado Camilo Enciso, les pidió a los norteamericanos examinar las cuentas del cuestionado empresario, quien se especializó en acceder a multimillonarias contrataciones públicas en los últimos años, tanto en materia de transporte como en energía, y supo mantenerse en la sombra.
En particular, les sugirió estudiar la relación financiera y política de Euclides Torres con el exministro del Interior, Armando Benedetti, quien también está incluido en la lista Clinton junto al expresidente Gustavo Petro, la exprimera dama, Verónica Alcocer, y Nicolás Petro, hijo mayor del exmandatario.
No solo eso. El Instituto Anticorrupción dijo que es importante analizar la financiación atribuida a Torres en las actividades políticas relacionadas con la campaña de Petro en 2022; sus conexiones con la financiación de campañas al Congreso; y la contratación pública obtenida por compañías vinculadas a su entorno empresarial.
La solicitud destaca la necesidad de investigar un eventual nexo entre la financiación política, la influencia sobre funcionarios públicos, los nombramientos en el Gobierno y la contratación estatal. Al parecer, su conglomerado se habría beneficiado, según las pruebas recopiladas por el Instituto Anticorrupción, con 50 millones de dólares.
“No estamos pidiendo que se sancione a una persona por sus relaciones políticas. Estamos pidiendo que las autoridades competentes sigan el dinero y determinen si existe una conexión entre financiación política, acceso al poder, decisiones públicas, contratación estatal, abuso de poder y corrupción”, dijo Enciso.
Finalmente, se propuso que las autoridades estadounidenses coordinen el acceso a información con las entidades colombianas, como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Sociedades.