El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que les quitó la visa a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta y al empresario Euclides Torres, como consecuencia de una nueva política para ciudadanos extranjeros “que atentan contra un gobierno democráticamente elegido, mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.
La decisión se da en medio de los escándalos de corrupción que han rodeado a la senadora Peralta con el saqueo a la UNGRD y al empresario Torres, quien ha declarado en el proceso contra el expresidente Petro en la Comisión de Acusación del Congreso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
El capítulo de Peralta
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema tiene una investigación formal contra la congresista del Pacto Histórico por los delitos de tráfico de influencia, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos por su supuesta participación en el saqueo a la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno Petro.
El hoy detenido exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, acusó a la congresista del Pacto Histórico de ser el supuesto enlace del gobierno anterior en el Congreso para, al parecer, direccionar contratos en la UNGRD, a cambio de obtener respaldos políticos para las reformas sociales que impulsó el expresidente.
De hecho, en junio de 2026 la congresista fue detenida transitoriamente en las instalaciones de la Dijín en Bogotá, después de que pidió en dos oportunidades aplazar su indagatoria ante la Corte Suprema, el trámite que la dejaba formalmente vinculada a la investigación por el escándalo en la UNGRD.

Finalmente, la magistrada Cristina Lombana, ponente del caso contra Peralta, la logró vincular formalmente al proceso penal. Sin embargo, el caso contra la congresista quedó paralizado después de que varios magistrados de la Sala de Instrucción les pidieran a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría investigar a Lombana por sus actuaciones dentro de este proceso.
La magistrada respondió entonces que esos señalamientos hacen parte de “artimañas dirigidas a separarme de expedientes que habían trascendido la opinión pública, expedientes sensibles, expedientes que incomodan, expedientes que posiblemente tocaban intereses que preferían permanecer en la oscuridad”.
Aún no hay sentencia contra la senadora Martha Peralta por su supuesta participación en el saqueo a la UNGRD, pero Estados Unidos ya tomó sus primeras decisiones administrativas contra la política cercana al progresismo.
#Confidenciales | Martha Peralta pide explicaciones a Estados Unidos por la cancelación de su visa.https://t.co/lqJ5mTdr9r
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Euclides Torres, el financiador
El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a Euclides Antonio Torres Romero como un empresario que tiene en su poder un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.
Pero en Colombia ha sido considerado uno de los principales financiadores de campañas políticas, entre ellas, la del expresidente Gustavo Petro, quien es investigado en la Comisión de Acusación por presuntas irregularidades detrás de su campaña que lo dejó como presidente para el periodo 2022-2026.
De hecho, SEMANA reveló en junio de este año una carta de tres páginas en la que Torres explicó cómo llegó Gustavo Petro a la Presidencia, después de que Nicolás Petro, hijo del expresidente, y su exesposa, Day Vásquez, lo señalaran de financiar esa campaña política.
#Nación | El proyecto de ley, la mansión y el préstamo con el mecenas del petrismo, Euclides Torres, que tienen enredado a Benedetti en la Corte Suprema. https://t.co/T5743m9iCP
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2025
Petro Burgos es el hijo mayor del expresidente Petro y está siendo procesado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El mismo Nicolás Petro reconoció que el empresario Torres patrocinó el evento de la P gigante en Barranquilla para la precampaña de su papá, el entonces candidato Gustavo Petro.
En ese documento, Torres habló de su relación con el expresidente: “He seguido sus ideas y propuestas, las cuales están basadas en la justicia social para la construcción de paz. Esa idea fue la que me llevó, mucho antes de que se anunciara su precandidatura, a apoyar con algunos aspectos logísticos para promover su posible candidatura”.
El empresario también ha aparecido en la investigación que la magistrada Cristina Lombana llevaba contra el hoy exministro del Interior Armando Benedetti, por el trámite de un proyecto de ley que habría favoreciendo directamente a Euclides Torres y que, supuestamente, terminó beneficiando económicamente a uno de los hombres más cercanos al expresidente Petro.
En noviembre del año pasado, este medio reveló el proceso que avanza en la Corte Suprema contra Benedetti por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de servidor público, por las ‘jugaditas’ que habría hecho para beneficiar a una empresa de Torres.
Ese caso empezó en el año 2010, cuando el entonces senador del Partido de la U presentó un proyecto de ley que implementaba un certificado de aptitud psicofísica para el porte y la tenencia de armas de fuego que, según la Corte, “se tramitó, al parecer, para favorecer los intereses de Simetric S.A.”, una empresa que sería del propio Euclides Torres.
Esa investigación reflejó un incremento en el patrimonio del entonces ministro del Interior y hasta reveló que “adquirió por interpuesta persona (su cónyuge Adelina Guerrero Covo) una casa ubicada en la Urbanización Pradomar del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, al señor Luis Alberto Nicolella de Caro, por 3.694 millones de pesos, que según el testimonio de Torres Romero salieron de una de sus empresas como préstamo”.
Lo particular es que la Corte Suprema no puedo establecer que Torres era el propietario de dicha sociedad y, para ese momento, tampoco tenía soporte de garantía alguna o del pago del supuesto préstamo a Benedetti o a su esposa.
Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos también le tumbó la visa, después de explicar que la restricción de ese documento es un mecanismo que permite actuar con rápidez y coordinar con sus aliados, “a medida que se acumulan las pruebas”.
