En fallo de segunda instancia, se confirmó la preclusión del proceso que le abrió la Fiscalía General a la periodista Lina Castillo, quien en 2019 denunció haber sido acosada sexualmente por el entonces concejal de Bogotá, Hollman Morris.

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La jueza 55 de conocimiento de Bogotá avaló la petición para cerrar el caso contra la joven, quien detalló la forma en que fue acosada y amenazada tanto por el exconcejal como por un grupo de personas cercanas.

“(…) he tenido que vivir con amenazas y persecuciones, tal y como se conoció y se volvió a hablar de ello, que para mí realmente no solamente es revictimizante, sino también me afecta nuevamente que he tenido que pasar por todo esto y aun así estar acá y estar como si nada, sin un esquema de protección, sin un trabajo público y un nombramiento”, manifestó la joven en la audiencia del pasado 24 de julio.

Sin embargo, la jueza de conocimiento determinó que existían méritos para continuar con la investigación por el cargo de calumnia.

Esto, por las manifestaciones públicas hechas por la joven, en que señaló que un “grupo de seguidores” de Hollman Morris había intentado atropellarla.

La joven indicó que el vehículo habría hecho parte del esquema de seguridad de Morris.

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En la diligencia judicial, que se extendió por tres horas y media, la jueza señaló que este capítulo debe esclarecerse.

En manos del magistrado Vladímir Fernández

El pasado 19 de agosto se conoció que el magistrado de la Corte Constitucional, Vladímir Fernández, iba a ser el ponente de la tutela que presentó Lina Castillo, en la que exige la protección de sus derechos fundamentales.

La acción judicial fue dirigida contra la Fiscalía General por desconocer el derecho al escrache, el cual, según la misma Corte Constitucional, es un ejercicio de la libertad de expresión, un medio para proteger las denuncias anónimas y una respuesta a la violencia institucional.

El magistrado Fernández, quien fue secretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro, se encuentra actualmente en el ojo del huracán por presuntamente estar relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la dirección de Olmedo López.