Lina Castillo, la mujer que denunció al exgerente de RTVC, Hollman Morris, por un presunto caso de acoso sexual, presentó una tutela ante la Corte Constitucional para pedir la protección de sus derechos en medio del proceso penal que ha avanzado por ese caso.
En la última Sala de Selección de Tutelas, las magistradas Paola Meneses y Natalia Ángel Cabo, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Corte Constitucional, seleccionaron la tutela que Lina Castillo interpuso contra la Fiscalía General de la Nación. El alto tribunal confirmó que ese recurso fue seleccionado por “desconocimiento del precedente constitucional”.
Castillo es la mujer que denunció presuntos hechos de acoso sexual y laboral que habrían ocurrido en el año 2019, época en la que trabajaba en el entorno político del entonces concejal de Bogotá, Hollman Morris.
La mujer después terminó procesada por los delitos de injuria y calumnia por las manifestaciones públicas que hizo contra el exgerente de RTVC; ese caso fue precluido por el Juzgado 86 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.
La joven que denunció a Hollman Morris narró, con la voz entrecortada, la persecución que ha vivido durante estos cuatro años: “No se lo deseo a nadie”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TG1jQqKtYD
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 28, 2026
Para ese momento, la justicia determinó que no era necesario continuar con el proceso penal en su contra, pues consideró que las expresiones que hizo Lina Castillo estaban basadas en denuncias de posibles violencias de género y correspondían a un ejercicio de expresión.
Sin embargo, la mujer relató en medio de esa audiencia judicial que fue “revictimizada” y terminó hasta con “amenazas y persecuciones” por denunciar a uno de los hombres cercanos al movimiento que lidera el expresidente Gustavo Petro.
De hecho, Castillo dijo en su momento: “A ninguna mujer en Colombia le deseo lo que viví: tener en contra al movimiento político que lideró por cuatro años este país. Ni un solo contrato en lo público tuve, y se puede revisar”.
El caso en la Corte
Lo particular de la revisión de dicha tutela es que el caso llegó por reparto al despacho del magistrado Vladímir Fernández, quien fue elegido con aval del gobierno Petro y formó parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
El nombre del magistrado Fernández ha aparecido en los escándalos de corrupción en la UNGRD, en el caso de los recomendados de la Dian y, al interior de la Corte Constitucional, hasta lo han percibido como un “espía” del anterior Gobierno.
Ahora su despacho tendrá la potestad de decidir el futuro de la tutela que interpuso Lina Castillo contra la Fiscalía General de la Nación. Ese recurso hasta ahora será evaluado y en los próximos días se esperan las primeras decisiones frente a este proceso en la Corte.