Durante el gobierno de Gustavo Petro, Inravisión (RTVC) terminó convertido en uno de los principales escenarios de disputa por lo que, se supone, debería ser el manejo adecuado de los medios públicos en Colombia.
En la Patria Milagro, los medios públicos no estarán al servicio de intereses políticos: estarán al servicio de la gente.
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 18, 2026
Se acaba el aparato de propaganda y comienza una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos de Colombia: plural, independiente y al servicio de la… pic.twitter.com/W9y9XRGPVu
Lo que debía funcionar como un sistema de información al servicio de todos los ciudadanos quedó en medio de denuncias de presunta censura, cuestionamientos contractuales, peleas internas, cambios en la programación y, sobre todo, señalamientos por el supuesto uso de la plataforma estatal para favorecer la agenda política del gobierno Petro.
Ese último punto alcanzó su mayor nivel de gravedad en junio de 2026, cuando la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Hollman Morris, gerente de RTVC —ahora Inravisión— por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales para favorecer “agendas políticas afines al Gobierno nacional”.
@INRAVISIONco debe responder a principios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 18, 2026
Los medios públicos no serán instrumentos políticos. Estarán al servicio de la información, la educación y el entretenimiento, dando espacio a las diversas… pic.twitter.com/bcga9CIQMz
La investigación ordenó revisar, entre otros asuntos, la programación y los contenidos emitidos por el sistema de medios públicos.
El episodio resume una de las mayores controversias que acompañaron la administración de Morris: la discusión sobre si RTVC estaba cumpliendo su función como medio público o si había terminado convertido en una plataforma de amplificación del discurso oficialista.
La llegada de Morris a la gerencia ocurrió después de la salida de Nórida Rodríguez, cuya administración también estuvo marcada por cuestionamientos.
Se acaba la parrilla informativa de RTVC y los programas de opinión para dar paso a programación cultural. El @Ministerio_TIC está revisando contratos por más de 100 mil millones de pesos. pic.twitter.com/Y9wgxsSj1s
— Juan Fraile (@JuanFraile) August 17, 2026
En marzo de 2024, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Rodríguez y el entonces subgerente Jorge Luis Arzuaga por posibles irregularidades en la contratación.
Entre los negocios bajo revisión estaba un contrato con la Agencia Nacional Digital para instalar emisoras de paz y un convenio con la Agencia Nacional de Tierras por más de 15.400 millones de pesos, relacionado con servicios logísticos y montaje de eventos, además de otros contratos y órdenes de servicio.
A esa crisis se sumaron los cuestionamientos de la Contraloría sobre la vigencia 2023, con hallazgos administrativos por cerca de 9.000 millones de pesos. Ese capítulo corresponde a la administración de Rodríguez y no a la de Morris, una distinción importante para entender la cadena de controversias que atravesó a la entidad.
La Patria Milagro abre una nueva etapa: cultura, arte y educación serán pilares de la programación.
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 18, 2026
Las regiones, sus comunidades, sus culturas y sus historias tendrán voz en la radio, la televisión y las plataformas públicas.
Una nueva etapa para contar, escuchar y reconocer a…
¿Máquina de propaganda?
Rodríguez y Morris, además, protagonizaron una disputa interna alrededor de decisiones administrativas y contractuales, entre ellas la contratación de una unidad móvil. El enfrentamiento terminó exponiendo públicamente las diferencias que existían dentro de la entidad justo antes del relevo en la gerencia.
Pero con Morris la controversia tomó otra dimensión. El debate dejó de concentrarse exclusivamente en los contratos y comenzó a girar alrededor de la línea editorial.
@INRAVISIONco solicitará el acompañamiento de la @PGN_COL y la @CGR_Colombia para realizar una revisión integral de su situación contractual y presupuestal.
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) August 18, 2026
Como parte de este proceso de reorganización, se revisarán los convenios y contratos interadministrativos vigentes con… pic.twitter.com/2OSIddf7tI
La Fundación para la Libertad de Prensa documentó más de 30 casos de trabajadores que denunciaron un ambiente de censura, presión editorial y antipluralismo durante los primeros meses de Morris al frente de RTVC.
La Flip también cuestionó la respuesta del gerente frente a las publicaciones de medios que investigaron su gestión y señaló que había atacado públicamente a periodistas y medios como SEMANA, Caracol Radio, Blu Radio, El Colombiano e Infobae.
Uno de los episodios que alimentó esa controversia fue la denominada “lista de vetos”, revelada por El Colombiano, con denuncias sobre supuestas restricciones para que determinados dirigentes políticos críticos del Gobierno aparecieran en espacios de RTVC.
El debate no se habría quedado en la selección de invitados, se extendió, presuntamente, a la manera como se construían las agendas, qué temas tenían espacio y cuáles quedaban relegados.
En paralelo, RTVC modificó su oferta informativa. Espacios tradicionales fueron reemplazados por nuevos formatos, entre ellos El calentao, y la dirección del sistema comenzó a tener una participación cada vez más visible en la discusión política nacional.
El cambio fue interpretado por sus críticos como una transformación del medio público en un escenario más cercano al discurso gubernamental.
Las críticas tampoco se limitaron a la oposición. La discusión alcanzó a periodistas y trabajadores de la propia entidad, mientras diferentes organizaciones de libertad de prensa advertían sobre los riesgos de convertir un sistema estatal en un medio alineado con el gobierno de turno.
La controversia se hizo todavía más visible por la relación política de Morris con el petrismo y por sus propios cuestionamientos a los medios privados.
En diferentes momentos, el ahora exgerente de RTVC, habría señalado a medios tradicionales como parte de una oposición al gobierno de Petro. Esa confrontación ayudó a alimentar la percepción de que desde el sistema público se estaba librando también una batalla política.
La era del Tigre
Con el cambio de Gobierno, la nueva gerente, Ángela María Mora, y la ministra TIC, Alexandra Falla, anunciaron una revisión integral de su situación contractual y presupuestal con acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.
La nueva administración informó que revisará los convenios interadministrativos vigentes con ministerios y entidades del orden nacional relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios, así como los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.
Según las cifras entregadas por Mora y Falla, durante este año se han suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a 100.000 millones de pesos. Además, entre el 6 y el 7 de agosto se habrían firmado 87 contratos por aproximadamente 4.000 millones de pesos.
La entidad también reportó que algunos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100 por ciento frente a su valor inicial.
La nueva administración anunció que toda esa información será entregada a los organismos de control. Serán la Procuraduría y la Contraloría, dentro de sus competencias, las encargadas de determinar si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza.
El nuevo Gobierno también decidió desmontar la parrilla informativa que encontró en el sistema de medios públicos y anunció una transformación de su programación. La decisión marca una ruptura con el modelo construido durante los últimos años y abre una nueva etapa para RTVC, ahora Inravisión.
El giro no ocurre de la nada. Llega después de una administración atravesada por investigaciones contractuales, conflictos internos, denuncias laborales, cuestionamientos sobre censura y una controversia política que terminó con una investigación formal de la Procuraduría por la posible utilización de medios estatales para favorecer agendas afines al Gobierno.