La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tomó las primeras decisiones en el marco de una denuncia que se instauró por cuenta del ‘tarimazo’ que lideró el presidente Gustavo Petro con los cabecillas de las estructuras criminales más temidas de Medellín, el pasado 21 de junio, que generó escándalo nacional y una cascada de quejas por aparentes irregularidades.
La acción fue presentada por el concejal de la capital de Antioquia, Alejandro de Bedout, quien se quejó por las actuaciones que tuvieron el jefe de Estado y la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, al actuar como la coordinadora de las conversaciones de paz que adelanta el Gobierno nacional con los líderes de las bandas ilegales del Valle de Aburrá.
En primer lugar, la Comisión manifestó que no puede indagar por los procedimientos de Zuleta, por lo que compulsó copias al ente correspondiente: “Compulsar copias de las manifestaciones, documentos y demás elementos allegados al expediente en lo relacionado con la senadora a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia”.
Seguidamente, sobre el mandatario expresó: “Dejar constancia en el expediente de esta decisión, continuando la tramitación de la denuncia, únicamente, respecto de la investigación contra el señor Gustavo Petro, presidente de la República, objeto central de la actuación […]. Comunicar al señor Petro, en su condición de denunciado, de la presente decisión”.
El pasado 21 de junio, Petro compartió tarima con los jefes de las estructuras criminales de la subregión en la plazoleta del centro administrativo de La Alpujarra, y el objetivo fue darles un espaldarazo a las negociaciones de paz que sostienen para que los delincuentes transiten a la legalidad. El evento causó revuelo en todo el país.
Las posibles irregularidades no demoraron en conocerse. Varias personas se quejaron ante la Corte Suprema de Justicia porque, aparentemente, la senadora Isabel Cristina Zuleta hizo las gestiones ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que dejara salir de la prisión a los cabecillas de las bandas al encuentro con el presidente, cuando no sería de su competencia.
La mesa de paz de Itagüí, donde están sentados los cabecillas con el Gobierno, alegan que todo se hizo al pie de la ley, mientras avanzan en las discusiones sobre cómo transitar a la legalidad. Los ilegales, al parecer, seguirían delinquiendo en la capital de Antioquia y el Valle de Aburrá.