El presidente Abelardo De La Espriella dio el visto bueno para que se le recorte el presupuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 y desató una controversia política en Colombia que podría tener un alcance internacional.
Todo comenzó cuando el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, propuso trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. De La Espriella aprobó la idea.
Gómez justificó la medida con los resultados que ha tenido el alto tribunal de paz: “Se ha vuelto un fortín burocrático. Es una entidad con mínimo rendimiento. Solo cuatro fallos. El primero de ellos vino a proferirse en septiembre de 2025”.
El expresidente Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático, también se refirió a los polémicos números de la JEP, criticó su operación en los últimos años y denunció que estaría buscando testigos para que declaren en su contra.
Uribe comentó en su cuenta de X: “La JEP con tanto presupuesto para maltratar a los militares, presionar a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia y buscar afanosamente testigos contra mí. Ojalá este proceso que enfrento fuera público”.
El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, indicó frente a la opinión pública que la propuesta afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones constitucionales y pondría en riesgo a las víctimas y los comparecientes.
“La JEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y pide que se garanticen los recursos indispensables para su operación”, comentó el magistrado este viernes.
La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, lo cuestionó: “El presidente de la JEP está indignado por un recorte de 100.000 millones que le dejaría un presupuesto de 721.803 millones para 2027, casi el mismo de este año”.
Ella sugirió que la reducción de recursos debería ser mucho mayor: “Por lo menos, de la mitad del presupuesto. Solamente en 2026, el gasto de nómina de la JEP fue de 404.477 millones. Esto es una desproporción absoluta. Ese rubro en el Ministerio de Justicia es de 52.868 millones, casi ocho veces menos”.
Ramelli agregó que la JEP no solo enfrentaría el recorte, sino también una reforma constitucional que se tramita en la Comisión Primera del Senado, que busca establecer una revisión judicial a sus decisiones por la Justicia Penal Militar.
“Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la justicia transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial”, dijo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó al respaldo de la JEP: “La decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución. Gobierno y Congreso, como todas las instituciones del Estado, tienen el deber de habilitar, de buena fe, las condiciones para que la JEP pueda operar”.
La JEP alertará sobre este panorama al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.