La discusión sobre el futuro financiero del sistema de salud colombiano quedó en el centro de una reunión entre la bancada del Centro Democrático, encabezada por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y la ministra de Salud, Ana María Vesga.
Uno de los principales anuncios del encuentro fue la proyección del ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027. De acuerdo con lo informado por la ministra al presidente del Legislativo, el incremento estaría entre el 12 % y el 13 %, una cifra que será determinante para la financiación de los servicios que reciben los afiliados al sistema el próximo año.
La UPC es el valor que reconoce el sistema por cada afiliado para financiar la atención en salud y su actualización se encuentra en el centro de la discusión sobre el desfinanciamiento que enfrenta el sector.
De hecho, antes de asumir como ministra, Vesga había cuestionado públicamente los cálculos de la UPC de años anteriores y había señalado que el sistema arrastraba un pasivo acumulado superior a $30 billones.
Durante la reunión, Henríquez advirtió que el sistema tendría un faltante presupuestal cercano a $13 billones, mientras que la deuda acumulada con clínicas y hospitales superaría los $55 billones, según las cifras expuestas por el presidente del Congreso. También habló de un déficit estimado del 28 % en la UPC. Todas son cifras del Minsalud.
El congresista anunció que el Centro Democrático llevará una proposición urgente al Congreso para buscar mecanismos que permitan compensar el desfase presupuestal del sector y garantizar la continuidad de los servicios. Adelantó el espaldarazo de la Presidencia del Legislativo a la iniciativa.
Henríquez también cuestionó la situación heredada del anterior gobierno y calificó de extemporáneas las advertencias sobre la continuidad de tratamientos y procedimientos. Según las cifras entregadas durante la reunión, en 2025 se registraron 378.000 acciones de tutela relacionadas con salud y 1,8 millones de PQR.
Otro de los puntos planteados fue el futuro de las EPS intervenidas por el Estado. Henríquez pidió abrir una discusión sobre los resultados de esas intervenciones y sostuvo que, a su juicio, han generado efectos perjudiciales para el sistema.
La ministra, además, expuso el impacto del terremoto del 10 de agosto: 440 instituciones de salud resultaron afectadas en 11 departamentos, 19 de ellas con pérdida total y necesidad de reposición. La reconstrucción, sin incluir dotación, tendría un costo estimado de $1,9 billones.
Finalmente, Vesga cuestionó el manejo que, según su planteamiento, hizo el gobierno Petro de los recursos de la salud y aseguró que el sector terminó siendo utilizado como una “caja menor” para la campaña electoral. Como sustento, señaló que entre el 1 y el 6 de agosto se firmaron resoluciones por $560.000 millones sin respaldo presupuestal, destinadas a regiones donde el entonces oficialismo obtuvo mayores niveles de votación.