El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó formalmente la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación para auditar los procesos de asignación de recursos destinados a infraestructura y equipos básicos en el sector salud.
La decisión institucional responde al hallazgo de presuntas anomalías administrativas y presupuestales en la gestión de fondos públicos durante el periodo del gobierno Petro.
De acuerdo con las verificaciones internas de la cartera sanitaria, entre el 1.° y el 6 de agosto de 2026, se registró una concentración atípica de $ 885.000 millones aprobados para diversos proyectos. La entidad detalló que, del monto total, $ 403.000 millones carecían de registro presupuestal al momento de la aprobación.
Asimismo, se identificaron $ 57.000 millones asignados sin propuesta técnica sustentada y $ 45.000 millones cuyos documentos de soporte fueron radicados con posterioridad a la autorización de los giros.
El organismo de control fiscal investigará la aprobación de $ 403.000 millones que carecían de registro presupuestal.
Irregularidades en proyectos y presiones a funcionarios
La cartera de Salud denunció la aprobación de obras de infraestructura médica que no contaban con estudios ni diseños previos, así como el aval de desembolsos por montos superiores a los requeridos originalmente por las entidades ejecutoras.
Paralelamente, funcionarios de la entidad reportaron presiones de altos directivos para acelerar los trámites administrativos. “Colombianos, las decisiones sobre los recursos de la salud deben tener soportes y responsables claros (…) Lo que encontramos en el Ministerio exige una revisión urgente y respuestas urgentes”, sostuvo la ministra de Salud, Ana María Vesga, durante la presentación del balance de hallazgos.
El reporte oficial señala además que, a agosto de 2026, se contabilizaron $ 4,8 billones comprometidos sin obligar, junto a proyectos desembolsados que incumplen las metas físicas programadas.
La ministra Vesga enfatizó que la totalidad de los folios y expedientes administrativos serán trasladados a los entes de control fiscal y disciplinario para deslindar responsabilidades legales.
“La premura no justifica omitir la ley. Cada peso asignado debe explicarse porque el dinero de la salud les pertenece a los colombianos”, concluyó Vesga.