Adiós a la Corona de los Andes: crónica de una política cultural fallida

El pasado 2 de diciembre, el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York se dio por anticipado su regalo de navidad: anunció en su cuenta de Facebook la adquisición de “uno de los más importantes ejemplos de orfebrería colonial de América Latina, una magnífica corona de oro repujado de los siglos XVII y XVIII, con 443 esmeraldas”. Se trata de la Corona de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Popayán, mejor conocida como la Corona de los Andes. Aunque existen varias versiones sobre su historia, según el Metropolitan la Corona habría sido elaborada entre 1660 y 1770 gracias a las donaciones de distintas personas de Popayán. Por desgracia, la Corona nunca regresará a la ciudad que la vio nacer, a pesar de su altísima significación artística, histórica y religiosa. El tesoro payanés fue exportado clandestinamente en la década de 1930 (generando un largo litigio judicial) y condenado al olvido por parte del gobierno nacional, especialmente durante los últimos veinte años, sin que hayan importado mucho los grupos que en redes sociales han clamado por su repatriación. Indudablemente, la Corona es una de las cuatro piezas de orfebrería colonial más estimadas de Colombia y seguramente de América Latina. Comparte podio con, en primer y segundo lugar, las custodias de San Ignacio (La Lechuga) y Santa Clara la Real de Tunja (la de las Clarisas), ambas exhibidas en la Colección de Arte del Banco de la República; y en tercer lugar, con la Custodia La Preciosa, conservada como parte del Tesoro de la Catedral Primada de Bogotá y pocas veces exhibida al público, una custodia que podría ayudar a complementar la exposición permanente del Banco de la República. La Corona de los Andes salió a subasta pública en la casa Christie’s de Nueva York en 1995, y a pesar de las llamadas de atención de medios de comunicación como Semana, El Tiempo y El Espectador, de los golpes de pecho de los encargados de la cultura, de las gestiones de la Primera Dama y de las promesas fallidas de un ‘cacao’ de la época, nadie de Colombia, ni público ni privado, participó en la subasta. A pesar de las intenciones, la repatriación de la Corona nunca constituyó un asunto de Estado. La pieza terminó quedándose sin comprador, en poder de sus vendedores originales, quienes ahora, después de dos décadas, la venden al MET. En palabras llanas: el gobierno colombiano hubiera podido adquirir la Corona sin competencia alguna, por el precio de reserva, que en aquel momento rondaba los tres millones de dólares. La Corona de los Andes viene a sumarse a una larga lista de pérdidas significativas para el patrimonio cultural de Colombia, cuyo destino natural parece Estados Unidos, pérdidas que incluyen las pruebas de impresión de Cien años de soledad (1967), la obra cumbre de nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez, subastadas en dos ocasiones sin participación del gobierno; la pintura 9 de abril (1948/1953) de Alipio Jaramillo, subastada en Nueva York sin pujas del Ministerio de Cultura; el archivo particular de Gabo, adquirido por la Universidad de Texas a su familia; la biblioteca particular de Julio Mario Santo Domingo Jr., obsequiada por los familiares del industrial (enriquecido con el negocio de la cerveza en Colombia) a la Universidad de Harvard; entre tantos otros objetos exportados, donados o vendidos a lo largo de los siglos XIX y XX. Sin embargo, la lista de objetos culturales en el extranjero es más extensa y significativa de lo que nos muestran las noticias habituales: las pinturas de Andrés de Santa María, el ‘impresionista’ colombiano, son conservadas por sus herederos en Bélgica. Ocurre lo mismo con las obras de Marco Tobón Mejía (en Francia), Rómulo Rozo y Marco Ospina (en México), y con el archivo fotográfico más importante sobre la violencia en Colombia, conservado en el extranjero, en paradero desconocido. Un archivo que brindaría numerosas claves históricas en el marco del actual proceso de paz. Y ni hablar de colecciones colombianas que pertenecen a museos públicos europeos, a pesar de las dudas sobre las formas como estos objetos llegaron a destino: el Tesoro Quimbaya es el ejemplo paradigmático, o las acuarelas de la Expedición Botánica, transportadas por Pablo Morillo a España como botín de guerra. Para completar el panorama, todos los años son comprados archivos de documentos y fotografías colombianas por instituciones de Londres, París, Los Ángeles, Texas y Nueva York. Y mientras tanto, ¿qué hace el Ministerio de Cultura para repatriar objetos colombianos en el exilio? Hacia una política nacional de adquisición de objetos culturales Una idea predominante entre algunos funcionarios del Ministerio de Cultura es que el gobierno de Colombia no tiene por qué comprar objetos culturales (pinturas, esculturas, dibujos, manuscritos) fuera del país. Existe la falsa presunción de que los objetos culturales pertenecen, por principio, a la Nación colombiana, y que no debería pagarse por ellos, como si el Estado tuviera el derecho natural de propiedad sobre todas las obras creadas en territorio nacional. Aunque esta presunción aplica para el patrimonio arqueológico, que según la ley pertenece a la Nación, no puede aplicarse de la misma forma para los objetos de otros momentos de la historia, como la Colonia, el siglo XIX, el mundo moderno y contemporáneo. Presumir esto sería desconocer que los artistas y escritores tienen herederos, que los objetos circulan de múltiples formas, que existe un coleccionismo privado que rescata y conserva piezas de las que no consigue hacerse cargo el Estado, y que existe además un mercado del arte absolutamente legal, a través del cual se mueven objetos significativos del patrimonio moderno y contemporáneo. La única forma de acceder a estos objetos, de incorporarlos a los museos públicos, es como hacen prácticamente todos los museos del mundo, incluso en América Latina, desde Lima hasta Buenos Aires: mediante la compra a propietarios e intermediarios (galerías, marchantes y subastadoras). Esta lección la ha entendido claramente el Banco de la República, la única institución del país con una política seria de compra de arte, libros y documentos, una política existente desde 1957 y fortalecida desde 1984. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, con un presupuesto para compras limitado, desconociendo los tejemanejes del mercado del arte y sin una brújula intelectual y técnica que guíe los procesos de compra, se ha hecho el de la vista gorda ante el patrimonio exiliado, encontrando una excusa para cada pérdida patrimonial, generando lesiones patrimoniales irreparables, que tendrán consecuencias nocivas en los procesos de construcción de memoria, en el desarrollo académico, científico y cultural, en la justicia y el turismo. No en vano, las grandes instituciones internacionales saben por qué compran lo que compran, en qué gastan el dinero propio y de sus patrocinadores, dinero que en ningún caso están botando a la basura. Otra presunción errónea es que los objetos con valor cultural que están fuera de Colombia han sido exportados ilegalmente. Esta es otra falacia que desconoce que muchos artistas colombianos han vivido y desarrollado su obra en el exilio, como por ejemplo, Andrés de Santa María, Rómulo Rozo o los pintores viajeros del XIX (Humboldt, Roulin, Boussingault, Saffray, Empson), esos que dibujaron los paisajes colombianos con el objetivo de reportar en el Viejo Mundo las condiciones naturales y sociales del trópico. Esta presunción también desconoce que las leyes de patrimonio son relativamente recientes, y que antes de existir muchos objetos viajaron legalmente al extranjero y sólo podrán exhibirse en el país si son buscados, comprados y repatriados: no van a llegar por capricho, por donación o por expropiación. Por último, existen objetos que no están protegidos por la legislación de patrimonio cultural mueble, como los creados durante los siglos XX y XXI. La única forma de acceder a ellos no es esperando que sean donados (una política reactiva de larga tradición en los museos públicos del país), es mediante la compra directa, y esto se hace con un presupuesto preestablecido y con unas reglas de juego claras. En el caso de España, el Estado tiene varios derechos en la adquisición preferente de bienes muebles, como el de tanteo y retracto, y esto ha servido para enriquecer sistemáticamente los museos y bibliotecas públicas de ese país. En el caso del arte moderno y contemporáneo colombiano, ningún museo público local conserva colecciones propositivas, casi todas son sedimentarias, oscilan al vaivén de las escasas donaciones de artistas y coleccionistas, y recordemos que tampoco existe una ley de mecenazgo que incentive las donaciones particulares a museos públicos o la creación de museos privados. Mientras tanto, las mejores colecciones de arte contemporáneo colombiano seguirán estando en Zurich, Río de Janeiro o Madrid, difícilmente accesibles al público local, para su educación y deleite. El Ministerio de Cultura necesita constituir un comité de adquisiciones de objetos culturales, concentrado específicamente en este propósito: un comité que no espere reactivamente que le lleguen las ofertas sino que salga propositivamente a buscar los objetos y generar las condiciones adecuadas para su valoración social; un comité que trace cartografías de los episodios de la historia y el arte colombiano inexistentes en nuestras instituciones culturales; un comité con integrantes calificados (ni señoras de la cultura, ni burócratas de turno); un comité que conozca verdaderamente la historia y el mercado del arte colonial, moderno y contemporáneo; un comité con avaluadores profesionales que no subvaloren los objetos para favorecer los intereses económicos del Ministerio; un comité con presupuesto ambicioso, sólido y creciente para compras; un comité que actúe de forma independiente a los intereses culturales del gobierno del momento; un comité que logre trascender en proyección intelectual a los cambios en las direcciones. Este comité debe estar acompañado por una ley de mecenazgo (favorable a la inversión privada y que incluya el tema de las adquisiciones preferentes por parte del Estado) y de recursos económicos para generar micropolíticas autónomas dirigidas a la adquisición de objetos culturales por parte de los museos públicos más pequeños. Mientras esto no ocurra, continuarán las pérdidas culturales, siempre irreparables, en desmedro de la memoria de un pueblo que lucha por encontrar en el pasado las claves de su destino. *Crítico de arte.