Si bien está claro que una de las fortalezas del Gobierno de Gustavo Petro para manejar la opinión son sus influenciadores en redes sociales, pocas veces se había visto una defensa tan coordinada como la que tuvieron en la reciente polémica por las fallas en la entrega de los subsidios de Renta Ciudadana, programa a cargo del Departamento para la Prosperidad Social. Este hecho tiene una explicación.
Según revisó SEMANA en los portales de contratación del Estado, el DPS y Colombia Compra Eficiente se han convertido en una especie de fortín de contratación de los influencers. Laura Beltrán, conocida como Lalis, ha tenido contratos por 42 millones de pesos con estas dos entidades; Ricardo Malagón, conocido como Wally Opina, suma contratos por 61 millones de pesos y Gareth Sella ha tenido sucesivos contratos con Prosperidad Social por 93 millones de pesos. La única excepción es Celso Tete Crespo, cuyo contrato por 50 millones de pesos es con el Ministerio de Ambiente.