Arauca es un caso exitoso de sustitición voluntaria. Pasó de tener 404 hectáreas sembradas a cero. | Foto: Cortesía Policía Nacional

POLÍTICA DE DROGAS

La mejor manera de erradicar los cultivos de coca en el país

Está demostrado que no es por la malas como se acabarán estas plantaciones. El gobierno encontró otras maneras para incentivar a los campesinos a que lo hagan ellos mismos.

Ricardo Solarte*
14 de julio de 2018

He aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida, la comodidad que tenemos en nuestra casa, un baño, una cama, el tiempo que se comparte en familia”, dice el teniente Alber Adolfo León Salazar, quien lleva cerca de 11 años en la Policía Nacional y los últimos tres los ha dedicado a comandar una compañía de erradicación de cultivos ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos. Ha recorrido lo más profundo de la geografía nacional y tiene al mando 75 hombres.

Alber ya completa ocho fases de erradicación. Cada una de ellas lo obliga a estar internado en la selva durante 75 días. “Lo hago porque estamos en una lucha frontal contra el narcotráfico, un flagelo que les ha hecho mucho daño a las familias colombianas. A todos, de alguna manera, nos ha afectado”, explica. Y está dispuesto a seguir dando la batalla hasta que lo releven. Para él lo más difícil es mantener alta la moral de sus hombres, quienes se alejan de sus familias por tanto tiempo, pero con la ayuda de sus comandantes de escuadra lo consigue.

Uno de ellos es el subintendente Raúl Carreño, quien lleva 16 años en la Policía y en los últimos dos se sumó a la erradicación. “Soy cristiano y la oración ha sido la mejor aliada para mantener el ánimo. Cuando alguno decae, acude a mí para que oremos juntos y eso ayuda”. Al final, la recompensa son 20 días de descanso. Alber y Raúl conforman una de las 30 compañías antinarcóticos que prestan la seguridad a los grupos móviles de erradicación conformados por civiles que arrancan las matas. Aunque los uniformados también cumplen esa labor para alcanzar las metas propuestas.

El Documento Blanco, presentado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tiene como objetivo en los próximos cinco años reducir a la mitad las hectáreas de coca. De esta manera, en 2023 se habrá eliminado la mitad de los cultivos ilícitos que hoy existen. Eso se logra con la suma de esfuerzos entre la Policía Antinarcóticos, el Ejército Nacional y personal civil, además del apoyo con tecnología de punta entre los que se cuentan orugas y drones para la fumigación localizada. Los recursos para alcanzar la meta están asegurados, aunque será potestad del nuevo gobierno llevar a cabo este plan o modificarlo.

A la fuerza, no

Los líderes campesinos reclaman que la única presencia del Estado en sus fincas no puede ser la fuerza pública o un avión fumigando, también las oportunidades para trabajar en proyectos productivos y así hacer el tránsito hacia la economía legal. Por eso, de manera conjunta al trabajo del Ministerio de Defensa en la erradicación forzada, desde la Alta Consejería para el Posconflicto se alienta a los campesinos para que erradiquen la coca voluntariamente. Para conseguirlo, el acuerdo de paz contempla la entrega de dinero en efectivo y asistencia estatal y que así se emprendan nuevas iniciativas productivas legales; y ayudas para las veredas en infraestructura, programas de superación de la pobreza y generación de ingresos, entre otras.

Uno de los departamentos que logró la certificación de la ONU como caso exitoso en sustitución voluntaria es Arauca, que pasó de tener 404 hectáreas sembradas a cero. ¿Cómo lo hicieron? Comenzaron socializando con los campesinos la oferta institucional que tenían. Les ofrecieron 36 millones de pesos por familia que se entregan así: 12 millones en efectivo (2 millones cada dos meses) y el resto en bienes y servicios.

Con el primer pago los campesinos se comprometieron a erradicar toda la coca en dos meses. Así lo hicieron, y ahora van en el cuarto mes de pago, y al mismo tiempo están trabajando en un nuevo sueño. Algunos con huertas y otros con especies menores como ganado y peces. En total son 360 familias excultivadoras y ahora productoras ubicadas en 42 veredas del municipio de Arauquita. A quienes popularmente se les conoce como raspachines también el Estado les presta atención. Son 135 familias que reciben 1,2 millones de pesos cada mes durante un año, para que trabajen destapando caños, y así ayuden a evitar inundaciones. De esta manera avanza la tarea de erradicar, de una vez por todas, el flagelo de la droga de nuestro país.

*Periodista.