Las vidas de mujeres lesbianas, hombres gay, bisexuales, y transgénero así como de personas con expresiones de género diversas, siguen estando expuestas a múltiples formas de violencia por prejuicio en Colombia, limitando su acceso a derechos fundamentales como la educación, salud, trabajo y libre expresión.
La Defensoría del Pueblo reiteró que es urgente implementar acciones integrales de prevención, educación y respeto de los derechos de las personas LGBTI que permitan transformar las estructuras de la violencia y generar una cultura que respete la diversidad, como valor necesario de la democracia.
Para la entidad, la aplicación de la medida pico y género en Bogotá, Valle de Cauca y Cartagena, puso en evidencia la reproducción de estereotipos y de discriminación en razón al sexo, la identidad y la expresión de género.
Las alertas tempranas más recientes sobre las problemáticas que sufren las personas transgénero en Magdalena y Bogotá, concluyeron que el ejercicio de la prostitución como posibilidad de trabajo informal implica un alto riesgo para su seguridad y su salud, sumado a que no les garantiza tener un mínimo vital y mucho menos vivienda. Esto permite que la violencia de género se agudice, sin que haya denuncias por temor a retaliaciones.
En otra alerta temprana de la Defensoría, también se denunció la llegada de migrantes y refugiadas de Venezuela a municipios como Maicao (La Guajira), en donde hay grupos grandes de mujeres trans en ejercicio de prostitución, viviendo en situación de calle y hombres gay en déficit en atención de derechos. Incluso personas con VIH sin acceso a servicios de salud.
En 2019, las Duplas de Género de la entidad acompañaron a 227 víctimas de hechos de violencia en todo el país. Por ejemplo, en Cauca y Quindío, hubo desescolarización por relaciones afectivas en razón a la orientación sexual, vulneración de derechos a estudiantes transgénero por no presentar cambio de nombre en sus documentos, negación de matrícula y participación en ceremonias de grado por no portar el uniforme de acuerdo al sexo asignado y hasta casos de acusación en contra de madres de personas transgénero ante ICBF porque “según los colegios” ellas infunden comportamientos inmorales.
En Santander, Quindío y Valle del Cauca se han presentado casos de discriminación en razón a la orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral, despidos injustificados cuando se inician procesos de tránsito de género; incitación a que estudiantes de una Universidad en Quindío presentaran quejas sobre el comportamiento de una docente transgénero y amenazas con divulgar la orientación sexual en el trabajo, según la entidad.
“Y siguen las barreras para tratamientos hormonales y reafirmación sexual, teniendo que acudir siempre a la tutela como mecanismo para recibir atención integral y la exposición a violencia institucional”, señaló.
La Defensoría del Pueblo indicó que “estamos convencidos de que el respeto a los derechos de esta población es fundamental para la paz en Colombia. Será su capacidad, liderazgo, movilización y especial protección, la que nos permitirá construir caminos donde se celebre la diversidad”.