A un año de la intervención de Air-e: acción de cumplimiento contra el Gobierno para garantizar recursos que resuelvan la crisis

La crisis que dejó la antigua Electricaribe no ha podido superarse. Una de las empresas que quedó tras la liquidación de la compañía de distribución de energía de capital español es Air-e, que atiende los mercados de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Precisamente, este 12 de septiembre, se cumple un año desde que Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) ante las dificultades financieras que golpearon la capacidad de inversión y las cuentas por pagar de proveedores, como los generadores de energía.

Sin embargo, la intervención tampoco ha sido la respuesta a las dificultades de Air-e y, por el contrario, las deudas se han disparado. En ese sentido, los gremios de esos departamentos interpusieron una acción de cumplimiento para que se obligue a la Superservicios y a los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía a gestionar recursos a favor del Fondo Empresarial que maneja la entidad de vigilancia, de manera que se financie a la empresa, se garantice un servicio de energía eléctrica estable y de calidad a sus más de 1,3 millones de usuarios, y se evite el colapso del sistema eléctrico nacional.

En la demanda, instaurada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, se advirtió que la acción de cumplimiento es procedente porque los recursos pueden conseguirse mediante la constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos de financiamiento destinados a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, y que no implican un gasto presupuestal no previsto, explicaron los gremios en un comunicado.

La acción está en cabeza de la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, que representa a los comités intergremiales del Atlántico y del Magdalena, así como a las cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y a la Andi seccional Atlántico y Magdalena.

“El estado de iliquidez de Air-e Intervenida por el Gobierno nacional, a través de la Superservicios, ha llevado a incumplimientos en el pago de sus obligaciones, lo cual erosiona la estabilidad de todo el sistema de energía eléctrica nacional y compromete la continuidad y eficiencia de este servicio público esencial”, advierten los gremios.

Las deudas totales de Air-e suman 3,6 billones de pesos, incluyendo las de antes de la intervención, que eran de 1,9 billones, y las acumuladas durante el primer año de la toma de posesión, que alcanzan 1,7 billones.

Antes de la toma de posesión, las deudas con las generadoras de energía sumaban 825.000 millones de pesos. Ahora, superan los 2,4 billones, lo que significa que prácticamente se triplicaron en solo un año de intervención.

Durante este primer año de administración de Air-e por parte de la Superservicios, la deuda con las generadoras térmicas alcanza aproximadamente 1 billón de pesos.

“Tal situación pone en riesgo la operación de estas empresas, que constituyen un eslabón fundamental del sector eléctrico del país y necesitan ingresos constantes para pagarles a sus proveedores de combustibles”, advierten los gremios.

Air-e atiende alrededor del 11 % de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que es responsable del recaudo de aproximadamente 41.000 millones de pesos mensuales para remunerar la actividad de transmisión. La situación es más crítica en el Sistema de Transmisión Regional Norte, en el que representa el 44 % de la demanda.

Para los gremios, la gestión de la Superservicios arroja un resultado “con serias deficiencias, caracterizado por falta de articulación, eficacia y responsabilidad”. Y ponen como ejemplo los siguientes hechos. Nunca se conoció el plan de intervención de Air-e que debió definir el Gobierno nacional antes de su toma de posesión para estabilizar la situación financiera y operativa de la empresa, asegurar el suministro de energía eléctrica en la región, y no generar un impacto negativo sobre los usuarios y los demás actores de la cadena de valor del sector.

Además, el plan de inversiones de Air-e Intervenida para la modernización y el mantenimiento de su sistema de distribución está paralizado, lo que incide en el deterioro de la calidad del servicio.

Por si fuera poco, se mantiene la amenaza creciente de apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, atendidos por Air-e Intervenida, debido a su crisis financiera y operativa.

“En el año 2026, Air-e estará expuesta a comprar en la bolsa el 70 % de la energía que necesita para atender el mercado de Atlántico, Magdalena y La Guajira, porque no tiene asegurado el suministro mediante contratos de largo plazo. Eso significa que tendrá que comprar energía más cara y que ese mayor costo lo trasladará a los usuarios con nuevos incrementos de la tarifa”, anticiparon los gremios.

Recordaron que en el primer año de intervención de Air-e el Gobierno nacional ha tenido dos ministros de Minas y Energía, tres superintendentes de Servicios Públicos y cuatro agentes interventores, “lo cual evidencia una debilidad institucional que afecta la administración de la empresa”.

Ya la Procuraduría y la Fiscalía iniciaron sendas investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de Air-e Intervenida.

La Veeduría Ciudadana ha presentado solicitudes de información y realizado diálogos infructuosos con los agentes interventores de Air-e y las autoridades nacionales, sin que se le haya dado acceso a lo requerido para ejercer un control social efectivo al proceso de intervención ni a una solución articulada y de fondo a la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica por parte del Gobierno.

En ese sentido, la acción de cumplimiento no fue la única instancia legal que interpusieron los gremios a través de la veeduría. También se radicó ante el Consejo de Estado una acción de tutela con la cual buscan que se garanticen los derechos al debido proceso, el derecho de petición, y el acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, “dando viabilidad a un recurso de insistencia para obtener la información solicitada, el cual fue negado por un magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. Nos encontramos en espera del pronunciamiento de la Alta Corte”, puntualizaron desde los gremios.