COVID-19: Por qué es tan importante una infraestructura financiera digital robusta

Diversos gobiernos alrededor del mundo reaccionaron a la crisis generada por el COVID-19 con ayuda financiera sin precedentes a empresas e individuos, tanto por su tamaño como por la velocidad con que se efectuaron los pagos. Según el FMI, las medidas fiscales anunciadas a nivel mundial ascendían a 11,7 trillones de dólares, o cerca del 12 por ciento del PIB mundial, a septiembre de 2020. Solo en Colombia, el gobierno entregó transferencias a hogares por 12 billones de pesos (3,4 billones de USD) en 2020. Dado el tamaño de este apoyo, la pandemia fue una prueba de esfuerzo en vida real para la infraestructura financiera en muchos países, lo cual reveló amplias brechas y oportunidades, así como también lecciones valiosas sobre cómo mejorar la eficiencia y resiliencia para el futuro.

¿Qué determina la efectividad de un programa de apoyo financiero? Mckinsey & Company hizo un estudio utilizando una muestra de 12 programas de transferencias económicas gubernamentales a individuos y empresas pequeñas y medianas en siete países con diferentes niveles de infraestructura: Brasil, India, Nigeria, Singapur, Togo, Reino Unido y Estados Unidos.

El estudio llega a varias conclusiones. Primero, los programas efectivos comparten tres características en su infraestructura financiera: canales de pago digitales que cubran un porcentaje importante de la población, la existencia de un sistema de identificación digital con amplia cobertura, y datos básicos vinculados a la identificación de las personas y los negocios. El estudio encontró que en los países en donde la infraestructura financiera tenía estas tres características, los programas cumplieron las metas que se habían propuesto e hicieron desembolsos rápidos. Por ejemplo, el Plan de Apoyo al Empleo en Singapur se implementó de manera rápida y optimizada - los fondos se transfirieron automáticamente a las empresas elegibles y el monto lo calcularon en función de la nómina, sin necesidad de un proceso de solicitud o de intermediación. Esto fue posible gracias al sistema de identificación digital “CorpPass”, que asigna una identificación única a las empresas y está enlazada con datos de pago de impuestos y salarios de los empleados.

Sin embargo, en los países donde la infraestructura financiera no cuenta con una o más de estas características, los programas tuvieron que tomar decisiones difíciles y escoger entre metas ambiciosas en su diseño y el éxito en la entrega de recursos. Un ejemplo es el programa de Desembolso Selectivo en India, que entregó dinero a 235 millones de personas beneficiarios de programas. India implementó el programa con rapidez, sin embargo, la experiencia de entrega podría haberse optimizado con una revisión de las cuentas inactivas, el nivel de uso de los sistemas de pago en línea y el número de puntos para sacar efectivo en zonas rurales. La falta de datos y de un registro nacional universal limitó el alcance del programa a sólo los beneficiarios actuales de transferencias gubernamentales.

El reporte de Mckinsey & Company estima que el potencial de beneficio económico derivado de la construcción de una infraestructura financiera digital robusta es aproximadamente un 20 por ciento mayor ahora que antes de la pandemia. Según el estudio, antes de la crisis por el COVID-19, se estimaba que el potencial de beneficio económico para 2030 estaba entre el 3 al 13 por ciento del PIB mundial. Éste efecto puede ser más positivo para las economías emergentes que las maduras porque tienen más que ganar en términos de valor económico por cada porcentaje del PIB destinado a desembolsos incrementales. En las economías maduras el potencial es menos marcado, posiblemente porque comienzan con una mayor infraestructura financiera digital. Adicionalmente, las ganancias no son solo en términos del PIB pues el apoyo efectivo de los gobiernos en tiempos de necesidad también ayuda a prevenir la pobreza extrema, el hambre y el aumento de brechas de desigualdad, entre otros.

En Colombia, dada la infraestructura existente en términos de pagos digitales y las bases de datos de varios programas y ministerios, se lanzó la Devolución de IVA para 1 millón de hogares, Ingreso Solidario para casi 3 millones de hogares y giros adicionales de transferencias existentes como Familias en Acción a más de 4.7 millones de hogares. La crisis también fue una oportunidad para aumentar la bancarización y fortalecer las bases de datos. Según la Banca de los Oportunidades, durante los primeros 9 meses del 2020, 2,2 millones de personas entraron al sistema financiero por primera vez, superando las metas del cuatrenio del gobierno. No obstante, identificar y desembolsar a los beneficiarios en Ingreso Solidario fue un mayor reto dada la falta de una base de datos universal robusta. La baja bancarización también alargó los tiempos de entrega para hogares no bancarizados. Finalmente, el acceso a este tipo de programas en zonas rurales se vio limitado no solo por la falta de información sino también por la falta de conectividad y digitalidad, derivando en una mayor brecha entre quienes tienen o no acceso a dispositivos digitales.

Como próximo paso y en preparación a un nuevo fenómeno, los gobiernos podrían llevar a cabo una evaluación exhaustiva de su nivel actual de infraestructura financiera digital. En los países en desarrollo como Colombia, la pandemia ha fortalecido los argumentos para construir sistemas robustos de pago, identificación y datos y mejorar los sistemas convencionales que típicamente cubren una pequeña proporción de individuos y empresas, dejando por fuera a trabajadores informales y poblaciones vulnerables que no están dentro del sistema de información.

La crisis ha demostrado la resiliencia y flexibilidad que ofrece una infraestructura financiera sólida para las PYME y las personas físicas, y por lo tanto su importancia como instrumento fundamental para responder a acontecimientos inesperados y potencialmente catastróficos.

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Por: Angela Samper y Sofia Jaramillo

Socia y Consultora de McKinsey & Company