Solución salomónica en el sector transportador

El país apenas comienza a reponerse de los costosos efectos de la minga indígena que por casi un mes paralizó el suroccidente colombiano, y el anuncio de nuevas protestas tiene a los empresarios con los pelos de punta y al Gobierno alistando una estrategia para conjurar la protesta social.

En el sector agropecuario, los cafeteros programaron una movilización para el 24 de abril. Un día después, el 25, sindicatos, organizaciones sociales y profesores preparan una gran marcha, mientras que en la primera semana de mayo pequeñas asociaciones de camioneros esperan definir una fecha de paro.

Para conjurar estas protestas, el Gobierno ha lanzado algunos salvavidas y está negociando sectorialmente. En el caso de los cafeteros, puso en marcha un incentivo que opera cuando la carga de café está por debajo de los 715.000 pesos. Para esto destinará 155.500 millones de pesos. Los profesores esperan una reforma en el Sistema General de Participaciones que mejore el reparto de los recursos para la educación. Y con las organizaciones indígenas, el Gobierno ya ha firmado varios acuerdos.

También para el sector transportador el Gobierno acaba de lanzar una propuesta que busca solucionar buena parte de las dolencias. En la lista que han presentado los camioneros hay peticiones razonables y otras difíciles de cumplir. Incluyen volver al sistema de tabla de fletes –eliminado en 2011– y reducir los precios de los combustibles. Además, bajar los tiempos logísticos porque hoy la entrada a los puertos demora hasta 16 horas; lograr que los empresarios les paguen en plazos más cortos y no a los 180 días; pagar su seguridad social sobre los ingresos netos; combatir la creciente informalidad y definir el nuevo esquema para renovar el parque automotor.

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La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, acaba de anunciar un paquete de varias medidas para mejorar las condiciones de los transportadores.

En primer lugar, plantea un nuevo modelo para retirar del mercado los vehículos muy viejos que contaminan, son menos productivos y encarecen los costos de los propietarios. Mientras que en Latinoamérica los camiones de carga tienen un promedio de vida de 15 años, en Colombia llega a 21. El Programa de Modernización del Transporte Automotor de Carga beneficiará a los propietarios de 42.780 camiones que ruedan desde hace más de 20 años por las vías del país y afectan el medioambiente.

De paso, el Gobierno permitirá cumplir los compromisos del TLC con Estados Unidos, para cambiar el modelo de chatarrización que venía ejecutando y que sirvió para que Colombia accediera a la Ocde. El nuevo esquema debe entrar en vigencia antes del 30 de junio.

La ministra Ángela Orozco cree que el paquete de medidas para solucionar problemas a los transportadores allana el camino de negociación.

El programa de modernización tiene varios beneficios para los pequeños transportadores, que operan el 70 por ciento de los vehículos de carga en el país. Por un lado, les entrega 60 millones de pesos por sus vehículos viejos grandes o 30 millones por los pequeños.

A los propietarios de hasta dos camiones les descuenta el IVA del 19 por ciento, beneficio creado en la Ley de Financiamiento. Tampoco les cobra el 15 por ciento de la tasa ambiental instaurada para quienes matriculen camiones nuevos; y les permite acudir a créditos blandos –entre 12 y 13 por ciento–, con redescuento a través de Bancóldex.

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Además, crea el Fondo de Modernización, incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo, que arranca con recursos por 390.000 millones de pesos para que los camioneros modernicen sus flotas. Este fondo se alimentará también con los recursos que ingresen por la tasa ambiental, y los que provengan de un proceso de normalización establecido por el Gobierno para que los vehículos matriculados ilegalmente paguen por estos procesos como es debido. Esto haría que el fondo logre cerca de un billón de pesos para la modernización.

La ministra de Transporte no solo está comprometida con ese tema. Además logró un convenio con el Fondo Nacional del Ahorro para subsidiar parte de la tasa de interés a los créditos de vivienda que se otorguen a los camioneros.

Por otra parte, ya está lista una directiva presidencial para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) les cobre la seguridad social a los transportadores con base en los ingresos netos y no sobre los brutos. Desde hace más de dos años, la entidad exige a los transportadores cancelar su planilla de aportes sobre el valor de la factura de los viajes que les pagan, pero sin descontar los gastos. Ahora, la UGPP reconocerá el sistema de costos de referencia –que aplica para la tabla de fletes–, con el fin de hacer la cotización con base en los ingresos totales.

Mayores costos

Tres de las peticiones de los transportadores son muy difíciles de aceptar. Por un lado, el cambio en la fórmula de los combustibles para reducirles este, uno de los mayores costos, que pesa entre el 35 y el 40 por ciento. Se trata de un tema complejo, pues el fondo para financiar los mayores precios de los combustibles está en déficit mientras los precios del petróleo siguen subiendo, lo que impulsa la cotización de la gasolina y el diésel.

Juan Carlos Rodríguez Muñoz, presidente ejecutivo de Colfecar, asegura que el tema de costos se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector, pues golpea duramente la rentabilidad. El gremio tiene bajo observación el crecimiento del 4 por ciento en los sobrecostos para el transporte junto con el tema de dificultades logísticas, como las demoras para entrar a los puertos o las restricciones en algunas ciudades.

El Gobierno está preparado para asumir la protesta social como una nueva realidad. Siempre que los interesados no apelen a las vías de hecho, las opciones que ponen sobre la mesa pueden ayudar a resolver las diferencias. 

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Empresas, en cintura

El Gobierno ha comenzado a tomar medidas para sancionar a quienes incumplen sus obligaciones conlos transportadores.

La Superintendencia de Transporte, que dirige Carmen Ligia Valderrama, acaba de abrir investigación contra una empresa portuaria que tuvo más de 300 camiones parqueados por más de 16 horas sin poder realizar las labores de cargue y descargue. Por primera vez en el país, un Gobierno toma una medida como estas para proteger a los transportadores. Por otro lado, para mejorar los temas logísticos, el Gobierno acaba de colgar para comentarios un decreto que fija los enrutamientos para los puertos y los conmina a tener mejores procesos para no afectar a los transportadores. También en las próximas dos semanas empezarán a funcionar las alianzas logísticas regionales. Estas trabajarán con los municipios, empresarios del transporte y conductores por mejorar los procesos, y articular sector público y privado para facilitar el transporte por carretera.