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| 4/28/2018 9:40:00 PM

Minería, en su laberinto

En medio del debate presidencial, el sector minero reclama mayor seguridad jurídica, competitividad fiscal y reducir el exceso de trámites para desarrollar todo su potencial y garantizar nuevas inversiones.

Minería, reclama mayor seguridad jurídica en medio de elecciones Minería, en su laberinto

Nunca antes como en esta campaña presidencial el sector minero ha estado entre los temas centrales del debate. Pero está ocurriendo: analistas, asesores y candidatos presidenciales han tenido que lidiar con la discusión de si están a favor del desarrollo de la industria minera o de la protección del medioambiente. Como si el país tuviera que elegir lo uno o lo otro y no existiera la opción de una minería responsable en lo social y ambiental. Como si las finanzas del Estado pudieran darse el lujo de prescindir de una de sus principales fuentes.

Durante los últimos años, el sector minero ha aportado cerca del 7 por ciento del producto interno bruto no urbano; ha respondido por 28 por ciento de las exportaciones que realiza el país y ha sido vital en la inversión extranjera que llega a Colombia: 22 por ciento. Es la actividad principal en muchas regiones. Según cálculos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el sector ha contribuido al fisco al año con cerca de 4 billones de pesos entre impuestos y regalías, equivalente a la mitad de lo que produce una reforma tributaria.

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Pero las amenazas de algunos líderes políticos de acabar las actividades extractivas, la proliferación de consultas y acuerdos populares para prohibir la actividad minera en los territorios, así como el elevado número de decisiones judiciales que afectan la actividad y han generado incertidumbre al capital.

Durante 2017 las inversiones mineras estuvieron alrededor de los 1.000 millones de dólares, y aunque reflejan una recuperación frente a 2016, cuando se contrajeron, lo cierto es que el país está lejos del auge vivido entre 2004 y 2014, cuando se invertían en promedio más de 2.000 millones de dólares al año. Y los grandes proyectos siguen esperando.

En medio de este panorama agridulce, las empresas del sector se reunirán esta semana en su congreso anual para presentar a los candidatos y al nuevo gobierno sus peticiones. La básica: que les garantice mayor seguridad jurídica, competitividad económica y fiscal y reducir el exceso de trámites, según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM.

Muchas de estas peticiones son transversales a varios sectores de la economía, por lo que parece inevitable que el nuevo inquilino de la Casa de Nariño no solo tenga que hacer una reforma tributaria y modificar el régimen de regalías, sino, de paso, resolver la reglamentación de las consultas previas y poner en marcha proyectos de inversión que aceleren el desarrollo, cumpliendo altos estándares en temas sociales y ambientales.

Los ruegos

La minería en Colombia ha perdido terreno en cuanto a su capacidad para atraer inversión. Datos de la consultora SNL Metals & Mining a julio del año pasado muestran que el país consigue apenas el 6 por ciento de la inversión en exploración minera en América Latina, en contraste con países como México (21), Perú (22) y Chile (23 por ciento).

El gremio ha hecho su propia ‘lista de pedidos’, algunos razonables y otros desproporcionados, en especial de cara al crítico escenario fiscal. Plantean, por ejemplo, un régimen tributario más parecido al de los países vecinos con los que compite por la inversión, que incluya una menor tasa del impuesto a la renta –alrededor del 25 por ciento–, deducibilidad total del IVA para sus inversiones en bienes de capital, así como eliminar algunos impuestos territoriales.

También buscarán que el mecanismo de obras por impuestos se extienda a todo el país y no solo a los municipios Zomac –zonas más afectadas por el conflicto–. Plantearán un mecanismo novedoso de ‘obras por regalías’, para que las empresas del sector puedan invertir directamente en las regiones con cargo al pago de regalías. Pero también hay uno espinoso: que estas se calculen con base en las utilidades de las empresas y no por los niveles de producción, como ocurre hoy.

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El tema tributario resulta uno de los más complejos para el nuevo gobierno. En 2019 la tasa del impuesto a la renta corporativa pasará del 40 al 33 por ciento, y prácticamente todos los candidatos se han comprometido a seguir reduciéndola para estimular la inversión. Pero no le han contado al país claramente cómo van a cubrir la consecuente caída del recaudo.

En materia normativa también buscarán racionalizar trámites y reactivar los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines).

Se estima que los 12 Pines planteados en minería generarían una inversión nueva cercana a los 6.700 millones de dólares, le podrían aportar 3 puntos adicionales al PIB nacional y cerca de 3 billones de pesos más en impuestos. Para viabilizar estos proyectos, el sector reclama mayor estabilidad y seguridad jurídica, y que no todo se resuelva por la vía judicial o mediante protestas.

Las cifras en materia jurídica son reveladoras: entre 2010 y 2017 el Poder Judicial ha proferido más de 60 sentencias con impacto sobre el sector minero; de ellas, 27 de constitucionalidad, de las cuales, en la mitad de los casos, ha declarado inexequible la norma total o parcialmente. De 33 tutelas seleccionadas en el mismo periodo, falló el 90 por ciento en contra, según datos de la ACM. Por esto, el sector pide fortalecer el marco normativo mediante una actualización del Código de Minas, Planes de Ordenamiento Territorial con enfoque minero y hasta un Conpes de promoción del sector.

También luce como prioridad una reforma constitucional que asigne expresamente la competencia de administrar el subsuelo a la Nación para controlar el exceso de consultas populares. De la misma manera, una ley estatutaria que establezca los procedimientos, tiempos y alcances de las consultas previas. Esta normatividad brindaría estabilidad jurídica tanto a los empresarios como a las comunidades y les garantizaría el cierre de los procesos, que sin duda se han salido de toda proporción y amenazan proyectos mineros, energéticos, eléctricos, petroleros y de infraestructura.

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En el país se adelantan hoy 4.496 consultas previas, mientras que en países con una mayor proporción indígena como Bolivia, Chile y Perú hay 40, 36 y 28 procesos de este tipo, respectivamente. En Colombia solo el 3,4 por ciento de la población pertenece a comunidades étnicas, mientras que en Bolivia alcanza las dos terceras partes del total, según datos de la OIT.

Si bien el gobierno trabaja hace más de dos años en un proyecto de ley para reglamentar las consultas previas, hoy todavía se encuentra en etapa de consulta con comunidades. Germán Arce, ministro de Minas, confía en que este proceso termine en este semestre para radicar el proyecto de ley el primer día de la próxima legislatura, es decir, el 20 de julio. El jefe de la cartera recordó que su gestión deja un sector más grande del que recibió el gobierno hace ocho años, con una gran institucionalidad y mayor conocimiento del territorio y de su potencial geológico. Sin duda, hay desafíos que no existían hace una década, “pero hemos hecho grandes avances”, asegura.

Si bien Colombia tiene hoy la obligación de diversificar su aparato productivo y buscar nuevas fuentes de crecimiento como el turismo, la agroindustria o la innovación, esto no significa que deba abandonar el desarrollo del sector minero o el petrolero. El país no puede ser petróleo o minerodependiente, pero tampoco abandonar estos sectores. Por el contrario, lo ideal será que los recursos de impuestos y regalías que generan estos sectores tradicionales se transformen en factores productivos para mejorar el desarrollo de los nuevos, como vías terciarias, educación y conectividad.

La minería legal bien hecha no es el problema, pero sí la ilegalidad, que afecta negativamente al medioambiente, la salud, la economía y las comunidades. El país requiere más herramientas jurídicas y una mayor coordinación de las entidades del Estado para luchar contra las actividades delictivas, que estarían presentes en más de 350 municipios de 25 departamentos, muchas veces vinculadas con otras actividades criminales como el lavado de activos.

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