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| 10/16/2019 6:35:00 AM

“Perder confianza afectará el crecimiento del país”: Carrasquilla

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insistió en que la caída de la Ley de Financiamiento traerá una pérdida de credibilidad en la política económica y afectará el crecimiento del país.

“Perder confianza afectará el crecimiento del país”: Carrasquilla Carrasquilla ha dicho que le preocupa el impacto en la confianza, pues eso provocaría una pérdida de 1.000 billones de pesos en los próximos diez años. Foto: Foto: JUAN CARLOS SIERRA-semana

SEMANA entrevistó al ministro Carrasquilla días antes de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento por vicios de forma. El jefe de la cartera insistió en que la no aprobación de la norma provocaría una pérdida de credibilidad en la política económica y afectaría el crecimiento del país. Retomamos su explicación.

SEMANA: ¿Qué efecto tendría la eventual caída de la Ley de Financiamiento?

ALBERTO CARRASQUILLA: El principal efecto es sobre la credibilidad de la política económica. Cuando se aprobó, inversionistas, empresarios, trabajadores y familias creyeron ciento por ciento que eso era ley de la república y tomaron decisiones: se normalizaron más de 20 billones de pesos (lo cual permitió más de un billón en recaudo), se inscribieron más de 8.500 empresas al régimen simple para facilitar su formalización, y muchos empresarios están importando bienes de capital en virtud de la reducción a las cargas que trajo la ley, entre otros ejemplos. Por eso, así al otro día metamos la ley y aunque el Congreso nos la apruebe idéntica, la gente ya no va a tener la misma credibilidad institucional que tiene hoy día. Esto sería un golpe permanente que aumentaría la tasa de riesgo del país y afectaría el crecimiento económico. Sería entre un punto y punto y medio de menor crecimiento solo por esta vía.

SEMANA: Y en términos fiscales, ¿cuál sería el impacto?

A.C.: Al traer tantos cambios estructurales en la tributación, sobre todo de las empresas, se buscaba impulsar el crecimiento económico. Este segundo componente también se perdería. Es posible que si se aprueba una nueva ley, se puede recuperar otra vez esta parte. No obstante, la pérdida de credibilidad en la política económica traería un efecto permanente. La suma de estos dos efectos traídos a valor presente durante los siguientes diez años muestra que se perderían alrededor de 1.000 billones: esto es, el PIB de un año se perdería en materia de crecimiento.

SEMANA: ¿No es exagerado este cálculo y no se está dramatizando demasiado?

A.C.: El segundo efecto se podría eventualmente recuperar metiendo otra ley, pero la pérdida de credibilidad traerá un efecto permanente sobre el crecimiento. Esta es la diferencia que tenemos con otros análisis. Si uno suma los dos efectos, y supone que no hay otra ley que promueva el crecimiento, ese es el efecto que calculamos.

SEMANA: ¿Algunos analistas han dicho que sería mejor que se cayera la ley para tramitar otra sin el ruido electoral, porque se podría volver a su proyecto original?

A.C.: La Ley de Financiamiento no logró todos los recursos que buscaba y, por eso, se hizo un recorte permanente del gasto del orden de los 10 billones. Eso no se ha descongelado ni se va a descongelar, nosotros estamos en la línea de que todas las metas fiscales se cumplirán este año.

SEMANA: ¿Pero qué hacer con el hueco en el recaudo que se advierte a partir de 2020?

A.C.: Siempre habrá quien prediga problemas fiscales. Más o menos eso dijeron del año 2019 –pocos creyeron que íbamos a recaudar los 148 billones– y hoy estamos sobrepasando la meta. Estamos haciendo grandes esfuerzos en la Dian y los vamos a seguir haciendo. Cada vez tenemos más elementos de juicio en la lucha contra la evasión y la elusión.

SEMANA: Los sindicatos afirman que la Ley de Financiamiento les da todos los beneficios a las empresas y poco a los trabajadores.

A.C.: La tasa de tributación efectiva estaba muy alta en Colombia, y después de la Ley de Financiamiento bajó a unos niveles que internacionalmente siguen siendo más o menos altos. Seguimos teniendo problemas de competitividad.

SEMANA: ¿Pero sí tendrá un impacto positivo sobre el empleo?

A.C.: No me parece correcto decir que se está sacrificando empleo para lograr mayores eficiencias de competitividad. El mercado de trabajo es la principal preocupación que tiene el país en este momento: la tasa de desempleo es alta; la tasa de informalidad, aunque está bajando, sigue siendo alta; y el mercado laboral está evolucionando. Todos los analistas coinciden en que hay que adecuar nuestra regulación laboral a esas nuevas realidades, y en eso estamos con el régimen simple y el piso mínimo de protección, entre otras cosas.

SEMANA: ¿Qué cálculos tiene de que la corte se pronuncie en contra de la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento?

A.C.: Tenemos una ley que fue aprobada en el Congreso. Los dos secretarios generales tanto de Cámara como de Senado certificaron que se cumplieron todos los requisitos de publicación y que todo se había tramitado bien. Siendo esto tan claro, si la ley se llega a caer por vicios de trámite, pues la gente no le va a volver a creer a ninguna iniciativa tributaria. Sería la primera vez que sucede una cosa así en Colombia, y yo creo que ese efecto de credibilidad es de largo plazo.

SEMANA: ¿Y están pensando en un plan B?

A.C.: Necesariamente, si la tumban, tenemos que ver cómo recuperamos el contenido de esa ley. El plan B sería volver a tramitarla.

SEMANA: ¿Esto afectaría la agenda de reformas?

A.C.: Por supuesto, probablemente habría que redefinir toda la agenda legislativa.

SEMANA: Pero saliendo del ruido electoral que ha alentado propuestas populistas, ¿no sería más fácil aprobar una nueva reforma?

A.C.: Posiblemente sería más fácil, pero si el Congreso la aprueba, quién va a creer que esta vez sí será definitivo.

SEMANA: Si se llega a caer la Ley de Financiamiento, ¿usted contemplaría renunciar?

A.C.: No, jamás he pensado en que se caiga la ley. Yo creo en las instituciones de este país. Todo el mundo tiene derecho a demandar, la corte tiene el derecho de aceptar las demandas, estudiarlas. Pero yo creo que van a llegar a la conclusión que impone la evidencia. Es decir, el presunto problema de trámite no existe, según el documento oficial. Y si no creen en él, el derecho de las cosas es que demanden, cuestionen o imputen unos cargos de falsedad.

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