Postulado a importante cargo en la SIC tiene pliego de cargos de la Procuraduría por polémicas visitas a Registraduría y Cancillería

El pasado jueves, 28 de agosto, la Presidencia de la República publicó en su página web la hoja de vida de Francisco Melo Rodríguez, para ocupar el cargo de superintendente delegado para la Protección de la Competencia, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Este cargo, en la actualidad, cobra una mayor importancia. La razón: tendrá en sus manos varios casos de relevancia empresarial y también política. Deberá definir uno de los procesos más importantes de los últimos años en el país: la eventual integración de los servicios de telecomunicaciones de Tigo-UNE con Movistar (Colombia Telecomunicaciones –Coltel–). Pero también la investigación del contrato de Thomas Greg & Sons y las averiguaciones en la Registraduría.

La polémica que ha generado el nombramiento de Melo Rodríguez en la superintendencia delegada, a donde volvería luego de un paso por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es que él participó en las controvertidas visitas que adelantó la SIC en la Registraduría y en la Cancillería, motivo por el cual la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a él y a otras 14 personas que participaron de estas acciones.

Cabe recordar que, en el caso de la Registraduría, la SIC realizó visitas administrativas de inspección con el propósito de recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal, en torno al caso de Thomas Greg & Sons. De hecho, imputó a nueve funcionarios del organismo electoral por presuntamente desatender los requerimientos de la SIC en esa visita.

Frente al hecho de la Cancillería, la SIC realizó una visita de inspección al Ministerio de Relaciones Exteriores para verificar la libre competencia en los procesos de contratación, hecho que se dio en medio de la polémica licitación de pasaportes y del papel de Thomas Greg & Sons.

Por estos hechos, la Procuraduría formuló el pliego de cargos contra Melo Rodríguez, quien encabezó la acusación del ente de control, y otras 14 personas, investigadas porque al parecer en las dos diligencias habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de las entidades visitadas, que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar que adelantaban, así como también pudieron afectar derechos fundamentales de los funcionarios.

Para la Procuraduría, “las actividades probatorias desarrolladas en las visitas comprometieron el respeto y protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos, así como se ha podido poner en peligro la confidencialidad, guarda del censo electoral e información institucional que nada tenía que ver con el objeto de la actuación administrativa”.

De hecho, por estas situaciones, la Procuraduría calificó la aparente conducta de Melo Rodríguez, y de otros tres funcionarios “como una falta grave cometida a título de dolo”.

Francisco Melo Rodríguez fue superintendente delegado de mayo de 2023 a principios de julio de 2024. Posteriormente, pasó al Ministerio de Comercio, en el cargo de director técnico, en el que hoy se desempeña y ahora, tras la publicación de su hoja de vida, queda en evidencia su regreso a la SIC.

“Melo ha sido protagonista de las visitas administrativas más controversiales del Gobierno Petro, como las de la Registraduría y la Cancillería. La investigación de la Procuraduría General podría dar lugar a la suspensión del cargo”, anticipó un experto del sector.

En una reciente entrevista a SEMANA, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, señaló: “La llegada de la SIC de manera sorpresiva (en las visitas a empresas y entidades) es por simple sentido común. Mi impresión es que algo que era cotidiano en esta superintendencia, ahora, por tratarse de un nuevo Gobierno, se tilda de abuso de las competencias con un particular interés. Somos una policía administrativa, pero se vuelve escandaloso cuando usamos las herramientas que siempre se han tenido para investigar ese tipo de conductas. Estamos haciendo pedagogía para que se sepa el alcance, las garantías que hay en las actuaciones de la SIC y resolver el debate frente a una extralimitación de funciones. Desde siempre se ha hecho esa función de inspección, vigilancia y control, no solamente a organismos privados o agentes privados, sino también a los públicos, llámese gobierno nacional, administraciones departamentales, municipales, entre otras”.

Caso icónico

La expectativa del mercado está concentrada en el pronunciamiento de la SIC frente al proceso de compra e integración que está haciendo Millicom en el país para quedarse con la operación de Telefónica y la Nación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), adquirir la participación de EPM, su socio en Tigo-UNE, y, fusionar toda esta estructura.

De darse esta movida, como lo advirtió el MinTIC en un pronunciamiento, el país podría caer en un duopolio. Las cuentas son así: Claro posee cerca de 35 millones de clientes, la base de usuarios más grande en el país, en tanto que la suma de usuarios de Tigo y Movistar podría ubicarse alrededor de los 30 millones. Esto configuraría una situación de duopolio en la que el 90 por ciento del mercado estaría concentrado en dos jugadores, dejando una participación marginal a los demás operadores.

Rusinque, frente a este proceso, señaló en su momento que está en segunda fase, se han hecho requerimientos y se están evaluando las intervenciones que han llegado de terceros interesados.

“Es una operación muy compleja porque impacta diferentes mercados. Además, no tiene el mismo efecto en las distintas regiones, en cada una hay otros agentes prestadores del servicio que se pueden ver impactados. Entonces, hay que vigilar, primero, la viabilidad de la integración y, en el caso de aceptarse, lo que se suele hacer es emitir condicionamientos encaminados a evitar impactos sobre el equilibrio y sobre los demás agentes, sumando además a los usuarios de los servicios de telefonía”, afirmó.

Pero si bien, este es el caso más relevante, no es el único proceso. Recientemente, la Delegatura de Competencia abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Apple INC y Apple Services Latam para determinar si incurrió en un presunto abuso de posición de dominio en los mercados de distribución de plataformas tecnológicas y en los servicios de procesamiento de pago para la compra de bienes y servicios digitales, a través del Apple Store. Según la SIC, Apple habría restringido el acceso de nuevos agentes participantes en el mercado de distribución de aplicaciones digitales, mediante la imposición de cláusulas contractuales que prohibirían a desarrolladores crear y operar tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store.

También tendrá que enfrentar el caso para determinar si hubo una presunta cartelización en la primera división del fútbol femenino colombiano.