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| 7/28/2018 5:30:00 PM

Así fue como Estados Unidos le cayó a la lavandería de PDVSA

Cómo una decena de ejecutivos y hombres de negocios –entre ellos un colombiano– participaron en una gigantesca red de lavado de activos para ocultar el robo de 1.200 millones de dólares de la petrolera.

Red de lavados de activos para ocultar el robo de PDVSA en Venezuela Con bonos de deuda de la petrolera se estructuró una operación que terminó en lavado de activos. Empresarios amigos del gobierno Maduro están en la mira del fiscal Benjamin Greenberg (izquierda).

La noticia cayó como una bomba en Venezuela, pero su impacto se sintió en Colombia y Panamá. La anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos el miércoles pasado, al presentar el escrito de acusación contra ocho ciudadanos –entre ellos un colombiano–, por la supuesta conformación de una red para lavar activos por 1.200 millones de dólares, provenientes de fondos malversados de la petrolera PDVSA e invertidos en títulos valores e inmuebles en el estado de Florida.

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Se trata de la operación Fuga de Dinero, la más importante de las últimas décadas contra el lavado de activos, y cuyo liderazgo está en cabeza del fiscal Benjamin Greenberg. Entre los implicados están cuatro venezolanos que hacen parte de los llamados ‘boliburgueses’, una élite conocida por su cercanía con el gobierno chavista, que ha logrado millonarios contratos de negocios estatales. Entre ellos está Francisco Convit Guruceaga, accionista de Derwick Associates, la polémica compañía que ganó contratos con el sector eléctrico sin contar con experiencia necesaria y cuya deficiente gestión es señalada de causar continuos apagones que registra el país. También están José Vicente Amaparan Croquer, reconocido por sus nexos de negocios en España y Malta; Carmelo Urdaneta Aquí, quien fue asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería; y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA.

Otros acusados son el portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez, que han manejado negocios con el gobierno venezolano, así como los expertos financieros Matthias Krull, alemán- panameño, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un abogado cartagenero gerente de una firma de finanzas estructuradas en Nueva York. Los dos últimos cayeron en manos de las autoridades en Panamá e Italia, respectivamente, acusados de conspirar para cometer el delito de lavado de activos.

La investigación estableció que los acusados, junto con otras personas aún no identificadas, habrían participado en las operaciones fraudulentas con bonos de deuda de PDVSA el 23 de diciembre de 2014 y el 25 de mayo de 2015, cada una por 600 millones de dólares. Luego llevaron estos a Estados Unidos para realizar inversiones.

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Medios venezolanos han alertado que por las fechas en que los acusados hicieron las operaciones fraudulentas denunciadas por la Justicia de Estados Unidos, Carlos Erick Malpica Flores, el sobrino favorito de la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, ocupaba el cargo de vicepresidente de Finanzas de la petrolera y de tesorero de la Nación. Todo apunta a que esta pesquisa podría generar todo un terremoto entre funcionarios del gobierno, pues hay más implicados de alto nivel.

PDVSA pagó los bonos en euros y dólares mediante un entramado de sobornos y coimas, aprovechando el diferencial cambiario que existe desde 2003, cuando el gobierno de Hugo Chávez estableció un sistema de control de cambios que a lo largo de los años ha tenido un manejo discrecional. Esto permitió que una deuda tasada inicialmente en 60 millones de dólares en cada operación se convirtiera en 600 millones, al aprovechar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

Las investigaciones que comenzó el gobierno de Estados Unidos por este caso de lavado de activos en PDVSA, el más grande que se conoce en décadas, apenas comienzan.

Los 1.200 millones de dólares entraron posteriormente a Estados Unidos por medio de sofisticados fondos y esquemas financieros que facilitaron la compra de inmuebles, lo que les permitió a las autoridades de ese país comenzar a rastrearlos, recopilar cientos de horas de grabaciones, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, infiltrar agentes e, incluso, conseguir la cooperación de uno de los implicados, que habría dado las pistas para conocer el mecanismo utilizado. En medios venezolanos se especula que la investigación les habría dado pistas para llegar hasta los altos líderes del gobierno de ese país que participaron en estos ilícitos. Sus nombres todavía no se conocen, pero podrían salir a la luz en las próximas semanas.

La prensa venezolana asegura que un sobrino de Cilia Flores, la esposa del presidente Nicolás Maduro, era vicepresidente de PDVSA cuando se llevó a cabo la defraudación. Foto: AFP

En el escrito de acusación las autoridades reprochan la cultura generada en el gobierno venezolano que permitió que políticos, funcionarios y hombres de negocios afectos al régimen saquearan dineros de la petrolera para enriquecerse, mientras que el resto de la población venezolana vive una tragedia humanitaria.

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El ‘affaire’ colombiano

El tema habría pasado inadvertido en el país de no ser porque uno de los involucrados es un colombiano, que hace parte de la élite cartagenera y es accionista de la comisionista colombiana Global Securities. Se trata de Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un abogado rosarista de 45 años, residente en Estados Unidos y capturado el miércoles pasado en Sicilia, Italia.

En los próximos días será extraditado y tendrá que comparecer ante la Justicia, que le ha formulado varios cargos penales. Actualmente posee su propia compañía en Nueva York de estructuraciones financieras, que está bajo la lupa.

Tras conocerse las acusaciones, las alertas se encendieron en el mercado de valores colombiano y los directivos de la comisionista tuvieron que salir el jueves en la mañana con un comunicado de prensa en el que aclaraban que no existen vínculos, ni han negociado títulos o papeles con las empresas de Gustavo Adolfo Hernández Frieri en Estados Unidos. En otras palabras, que las investigaciones no tienen nada que ver con la operación local.

El miércoles, cuando se conocieron los cargos, la autoridad de regulación financiera inició de inmediato un proceso de vigilancia y control para establecer si existen nexos entre las compañías. Todo indica que las empresas que operan en Colombia y Estados Unidos son independientes, aunque las autoridades financieras mantendrán su vigilancia.

El tema reputacional es quizás uno de los principales efectos. Un día después de divulgar la investigación, Hernández Frieri renunció a la junta directiva de la comisionista, mientras se esclarece su situación judicial. Esta es una medida prudencial que busca devolver la confianza a los clientes.

Los cargos que enfrenta son complejos En el escrito de acusación, los fiscales estadounidenses dicen que el colombiano habría participado en esta operación fraudulenta a través de dos firmas que posee en Estados Unidos, Global Securities Advisors con sede en Nueva York y Global Strategic Investments, de Miami.

Allegados a la familia aseguran que las autoridades norteamericanas solo investigan una de las firmas, Global Securities Advisors. Los investigadores les habrían dicho a los demás miembros de la familia que hubo una imprecisión al incluir el nombre de la segunda compañía, que incluso el 23 de julio obtuvo el visto bueno en una auditoría de las entidades de control financiero en Estados Unidos.

Pero no es la primera vez que esa firma aparece cuestionada. En 2003 la Contraloría General de la Nación denunció el manejo riesgoso de recursos consignados por entidades estatales en la Secretaría del Convenio Andrés Bello (Secab), que luego manejaba la compañía en Estados Unidos.

En ese momento la Contraloría reclamó que los recursos de entidades estatales que se llevaban a la Secab, para que esta manejara la contratación de proyectos de interés de municipios, gobernaciones y distintas entidades del gobierno, llegaban a la firma de inversión, que hizo operaciones riesgosas que llevaron a que se perdiera una parte de estos.

Personas cercanas a la firma aseguraron que luego de estos cuestionamientos, las autoridades de Estados Unidos hicieron una auditoría en la que descartaron que existieran irregularidades y la propia empresa contrató con Kpmg otra investigación, que confirmó que el manejo de esas inversiones había sido prudente e incluso había generado mayores utilidades.

Un día después de divulgar la investigación, Hernández Frieri renunció a la junta directiva de la comisionista, mientras se esclarece su situación judicial.

Las investigaciones que comenzó el gobierno de Estados Unidos por este caso de lavado de activos en PDVSA, el más grande que se conoce en décadas, apenas comienzan. Muchos creen que entre los mencionados no están todos los que son, ni son todos los que están. Los fiscales y jueces estadounidenses pronunciarán la última palabra. 

La comisionista

El 17 de mayo de 2001 Gustavo Adolfo Hernández Frieri abrió con su familia una compañía de asesoría financiera en Miami, denominada Global Securites Corp. y en 2004 participó con otros socios en la compra del puesto de bolsa dePichincha Valores, que pasó a llamarse Global Securities Comisionista de Bolsa.

En esta firma Frieri participa como miembro de junta –cargo al que renunció el jueves–, aunque pocas veces ha asistido pues casi siempre va su suplente. Tampoco tiene injerencia en la operación o manejo de la firma, que desde hace varios años está a cargo de terceros. Junto con sus hermanos César Javier y María Elena, posee cerca del 70 por ciento de la comisionista a través de la compañía Global Securities Management. El 30 por ciento restante pertenece a otros accionistas locales.

Global Securities es una comisionista pequeña por administración de activos, pero de las más grandes por clientes ya que cuenta con más de 100.000, entre ellos un grupo importante de accionistas de Ecopetrol que en 2011 comenzó a manejar las acciones que antes estaban en la intervenida Proyectar Valores.

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