Superindustria ordena terminar contrato Ruta del Sol tramo 2

En medio de la incertidumbre sobre cómo garantizar la continuidad de las obras de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de tomar una decisión que no tiene antecedentes en este ente de control.

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Amparado en lo que sería una violación a la libre competencia, Pablo Felipe Robledo le ordenó como medida cautelar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que dé por terminado el contrato de Ruta del Sol tramo 2.

La orden de la Superintendencia es de cumplimiento inmediato, con lo que la ANI tendrá que emitir una resolución dando por terminado el contrato, y en consecuencia podrá convocar a una nueva licitación.

"Con el fin de restablecer la libre competencia económica, la Superintendencia le ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura dar por terminado de manera inmediata el Contrato de Concesión de la Ruta del Sol tramo 2, junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, suscrito con la Concesionaria Ruta del Sol", dice el documento de resolución.

La concesionaria está conformada por EPISOL, filial de Corficolombiana del banquero Sarmiento Angulo; CSS constructores del ingeniero Carlos Solarte y Odebrecht.

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La decisión se toma con base en las pruebas que obran en el expediente, en donde se encuentra acreditado que Gabriel García Morales en su calidad de exviceministro y gerente encargado del INCO participó de actos de corrupción para la adjudicación de las obras.

Hace una semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido el contrato, y le había ordenado al Presidente de la República que entregara las obras como garantía de continuidad. Sin embargo, con esta nueva decisión de la Superintendencia, las obras podrán ser abiertas a la licitación y entregadas a un nuevo contratista.

Con el fin de restablecer la libre competencia a ANI deberá estructurar y adelantar una nueva licitación que garantice la competencia, mediante la transparente participación de distintos agentes del mercado, para la suscripción de un nuevo contrato de concesión, que por lo menos asegure la ejecución en su integridad del objeto contractual dice el superintendente Pablo Felipe Robledo.

Cabe señalar que el gobierno nacional, buscando el mismo efecto de la decisión hoy tomada por la Superintendencia, había pedido la nulidad del contrato ante el tribunal de arbitramento en el que Odebrecht reclama el pago  de 750.000 millones. Sin embargo, con la renuncia de los árbitros esta decisión quedó aplazada por unas semanas mientras los nuevos árbitros designados estudian el proceso.

Lo cierto es que la ANI tiene previsto ceder provisionalmente las obras al Instituto Nacional de Vías (Invías) para que entre 2017 y 2018 siga adelante con el proyecto mientras se abre una nueva licitación y se adjudica el proyecto a un nuevo concesionario. El tramo 2, de 528 kilómetros entre Puerto Salgar y San Roque (Cesar) tiene un avance de más del 50 por ciento.

En la obra trabajan actualmente cerca de 4.000 trabajadores que están en ascuas a la espera de qué va a pasar con el proyecto. Lo mismo sucede con proveedores y comerciantes que dependían de la marcha de esta importante vía que busca conectar el centro del país con la Costa Atlántica.

La ANI espera que el tribunal de arbitramento tome una rápida decisión pero, paralelamente trabaja en una propuesta con el concesionario que busca sanear las cuentas con los bancos y dejar sin efecto la demanda millonaria contra el Estado.