Los decretos reglamentarios de la emergencia económica tienen ocupados a los llamados a aportar recursos, ya sea a través de impuestos o de contribuciones, teniendo en cuenta que la magnitud del desastre provocado por el fenómeno climático conocido como frente frío demandará muchos más recursos de los inicialmente estimados, que eran 8 billones de pesos.
Los generadores de energía hidráulica y térmica están entre los que más han avanzado en sacar las cuentas. En parte, porque también están entre los más cargados, ya que además del impuesto al patrimonio para empresas, también tienen otra carga por la vía ambiental.
Junto a ellos también está el sector financiero, que es visto por el gobierno de Gustavo Petro como altamente rentable y sin que sea productivo en materia de empleo.
Por el lado de los generadores de energía, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio que las agrupa, destapó los primeros cálculos, según los cuales, hasta el momento, con base en los decretos emitidos, tendrían que aportar 330.000 millones de pesos para la emergencia económica, lo que podría terminar recayendo sobre el esquema tarifario, es decir, llegaría el mayor costo al final de la cadena, que es el usuario.
Castañeda dice que, si bien son conscientes de que hay una emergencia, están cargando a los mismos, sin reconocer que hay otras fuentes de financiación disponibles, que causarían menores impactos en sectores claves como el que permite la prestación de servicios públicos domiciliarios, en este caso, el de la energía. “El sistema de riesgos tiene 2,6 billones de pesos, según ha salido a relucir, y los gobernadores propusieron hacer uso de las regalías no gastadas para enfrentar la situación en las regiones afectadas”, recordó el directivo gremial.
En cambio de ello, se volvió a recargar sobre los sectores minero energético y el petrolero, que ya tienen un peso obligatorio tan alto que, a juicio de Castañeda, les estaría restando competitividad. “La inversión en Colombia es de las más bajas en 50 años y nuevos impuestos implica no inversión, lo que tendría efecto en el mediano y largo plazo”, manifestó.
De las cuentas realizadas, acerca de lo que tendrían que pagar las generadoras, tras las medidas de emergencia económica emitidas, 70.000 millones serían aportados por las generadoras que están en los departamentos afectados por las lluvias. Los restantes 260.000 millones de pesos son por cuenta del impuesto al patrimonio.
Por ello, Castañeda enfatiza en que son mayores costos que podrían terminar llegando a las tarifas que pagan los usuarios.