Mucho se habla de la deuda pública colombiana y se afirma que el porcentaje al que ha llegado la obligación es alto en comparación con lo que la economía produce. También se menciona que algunas operaciones realizadas recientemente, no solo para conseguir liquidez, sino también para reducir el servicio de la deuda, han sido eficientes. ¿Cuál es la realidad sobre el endeudamiento del Estado, de cara a la llegada de un gobierno sucesor del que ha conducido Gustavo Petro?
La Contraloría General de la República revisó el panorama y llegó a varias conclusiones. En primer lugar, los movimientos adelantados con los títulos de deuda (TES) en diciembre de 2025, cuando se llevó a cabo una venta récord de TES, no significó emitir nuevo endeudamiento. Pero en las transacciones de enero de 2026 no puede decirse lo mismo. Esos malabares, que el Estado realiza en busca de recursos, son para financiar el presupuesto de este año, al no contar con una ley de financiamiento (negada en el Congreso de la República) que ponga la plata estimada para gastar en el funcionamiento del Estado y la inversión. Al menos, eso es lo que sustenta el gobierno, mientras que los críticos creen que lo que se busca es disponer de plata para mover en la campaña electoral que se avecina.
Buena paga
En el informe de la Contraloría sobre deuda y presupuesto se destaca que Colombia históricamente ha sido responsable con el pago de su deuda, lo que incluye al actual Gobierno.
Aun así, la preocupación surge debido a que en solo tres años, es decir, en 2029, habrá una abultada acumulación de obligaciones por pagar. El ente de control afirma que, para ese momento, hay una alta concentración de cancelaciones de bonos globales. En otras palabras, el gobierno tendrá que pagar deuda en esa anualidad. Y no se trata de una cifra de poca monta, sino de aproximadamente 89,6 billones de pesos. Es decir, casi la totalidad de lo que está previsto para el componente de la inversión en el Presupuesto general.
Con una deuda tan alta por pagar, se puede agravar aún más el panorama de la carta financiera de Colombia, que se caracteriza por ser inflexible en un 93 %, de acuerdo con los argumentos que ha puesto el gobierno para sustentar la necesidad de hacer nuevas reformas tributarias.
Esto constató la Contraloría
Hay que destacar que, en el informe revelado por la Contraloría General, el organismo destaca que “las operaciones de deuda realizadas cumplieron con los requisitos legales y que su finalidad fue contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la Nación”. No obstante, ello no quita la preocupación por el elevado monto transado.
Tanto así que la entidad de vigilancia y control advierte que se requerirán grandes esfuerzos fiscales en 2029, 2031 y 2033 para cumplir con los pagos de deuda. “Enfrentar esta concentración de pagos requerirá en los próximos años una fuerte gestión por parte del Ministerio de Hacienda”, subrayó la Contraloría en su informe.
Descenso de la deuda del gobierno
La deuda colombiana, de acuerdo con la evaluación realizada por la Contraloría, está en los niveles exigidos por la ley de Regla Fiscal, en donde se estableció un tope del 71 % del PIB-producto interno bruto. El descenso hasta ahora de la obligación es una realidad, ya que, mientras en 2024 dicha obligación era del 59,3 % del PIB, con corte a septiembre de 2025, había bajado a 57,8 %.
La economía tendrá que crecer para emparejar cargas
Así las cosas, para la Contraloría, en el mediano plazo, “la trayectoria de la deuda dependerá de la evolución del crecimiento económico del país, la tasa de interés, la tasa de cambio y el desbalance fiscal”.
Eso sí, entre todo lo mencionado, lo más importante será acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Solo de esa manera se minimizarían las amenazas que se ciernen si persiste el bajo crecimiento de los ingresos tributarios mientras la demanda de recursos públicos se eleva.
