Después de un cierre de 2025 agitado por la controversia, con una reforma tributaria hundida en el Congreso de la República lo que le resta 16 billones de pesos al presupuesto 2026, aforado en 546,9 billones y tras la toma de una nueva deuda por 23 billones en medio de una declaratoria de emergencia que trae consigo más impuestos a los colombianos, el comienzo de 2026 plantea grandes desafíos.
Los campanazos han sonado de distinta manera sin que el Gobierno parezca aceptar que la situación es de sumo cuidado y que, además, tiende a empeorar.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, insiste en que se ha dado el manejo adecuado a la macroeconomía y que los problemas vienen de anteriores administraciones, cuando el país tomó una abultada deuda para enfrentar la pandemia.
El choque institucional se ha vuelto frecuente entre el Ejecutivo, el Legislativo, el banco central y las altas cortes. El Gobierno le endilgó responsabilidad al Congreso por no haberle aprobado reformas.
También, a la junta del Emisor, que por mayoría se mantiene prudente con sus decisiones frente a las tasas de interés de referencia, que dejaron estables en 9,25 por ciento con el objetivo de reducir el riesgo de una subida abrupta de la inflación.
El presidente Gustavo Petro señaló que las decisiones de política monetaria no son neutras ni técnicas, sino que responden a intereses del “capital financiero” y a un pulso político para frenar su proyecto de gobierno.Pero las realidades estadísticas son tozudas.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), por ejemplo, en su más reciente informe de seguimiento, mantuvo la proyección de un recaudo inferior a la meta en al menos 8,5 billones de pesos.
Entre tanto, con menores ingresos públicos, la deuda sube a los niveles más altos, y el gasto primario del Gobierno, que mide la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo pago de intereses de deuda, en el balance de 2025 sobrepasaría la meta prevista en más de 9 billones de pesos.
La situación fiscal apretada que caracterizó el año que acaba de terminar se extendería en 2026, y, según el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, es “la peor sombra que tenemos”. A esa misma preocupación se suma el centro de pensamiento Anif, que calculó un déficit fiscal total superior al 7 por ciento, lo que llevaría a que el próximo Gobierno, inevitablemente, tenga que hacer un recorte sustancial en el presupuesto.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señaló que este es uno de los escenarios más complejos de la historia reciente del país, no solo por las cifras, sino por la postura del Ejecutivo, que, entre otras, ha pasado por encima del Legislativo, como ocurrió con la declaratoria de emergencia económica. Esta, según los académicos, tendría como propósito real “aprobar la reforma tributaria por decreto”, luego de haber sido rechazada en la instancia correspondiente.
De esa manera, el Observatorio Fiscal manifestó que la emergencia no es un accidente externo, “es una profecía autocumplida”, producto de que el Gobierno sobreestimó sus ingresos de forma sistemática y ahora usa la crisis que él mismo generó para justificar medidas extraordinarias.
“Con esta práctica, vuelve a utilizar una forma de creatividad contable que erosiona la confianza en la política fiscal y compromete la sostenibilidad del Estado”, afirmaron los expertos.
Pese a que desde la Casa de Nariño se reclama el reconocimiento de circunstancias como una economía que creció al 2,9 por ciento en octubre, según el índice ISE del Dane, o la tasa de desempleo en un solo dígito 7 por ciento en noviembre, lo cierto es que son múltiples los organismos que lanzan alertas.
La calificadora Fitch, que bajó la nota de Colombia y aclaró que no lo hace por empeoramiento de la actividad económica, sino por el deterioro de la dinámica fiscal y de deuda, dijo que no avizora consolidación fiscal, sino un déficit mayor, con una carga de gasto cada vez más inflexible.
Desde la perspectiva de gremios como la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la decisión de Fitch tendrá un efecto inevitable: “Mayor prima de riesgo, tasas más altas para financiar al Estado y al sector privado, y decisiones de inversión más cautelosas”. Es decir, los apuros no solo se mantienen, sino que tienden a ser mayores.
