El reciente aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado por el Gobierno en un 23,7 %, ya encendió las primeras alarmas fiscales. De acuerdo con una estimación preliminar y parcial del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), la decisión implicaría un aumento en el déficit fiscal de al menos 5,3 billones en 2026, equivalentes al 0,3 % del PIB, y de 8 billones anuales a partir de 2027.
A través de un comunicado publicado este 2 de enero, el CARF, organismo técnico independiente creado para vigilar el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, advirtió que estos cálculos podrían incluso quedarse cortos.
El ejercicio, según el propio comunicado oficial, no logra incorporar varios factores que, de ser incluidos, aumentarían aún más la estimación del impacto fiscal de la medida.
11. El mayor déficit estimado aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública.
— Comité Autónomo de la Regla Fiscal (@CARFColombia) January 2, 2026
Lea el comunicado completo aquí: https://t.co/YxqBFPn8Vf
Para 2026, el comité identificó dos canales centrales de presión sobre el Presupuesto General de la Nación.
- Un mayor gasto en pensiones de alrededor de un salario mínimo en el régimen de prima media, por cerca de $4,7 billones.
- Un aumento en el gasto en salarios de funcionarios públicos que ganan un salario mínimo, estimado en 0,6 billones.
En conjunto, estos dos rubros explican los 5,3 billones de mayor déficit fiscal en 2026 reportados por el CARF, tomando como referencia el PGN aprobado para ese año.
El cálculo realizado por la entidad incorpora el efecto del incremento del salario mínimo sobre las cotizaciones y beneficios de los afiliados a Colpensiones que devengan un salario mínimo, así como sobre la nómina pública, que está directamente atada a ese piso salarial.
Pero el golpe no será solo para 2026. Desde 2027 en adelante, el CARF proyecta que el déficit fiscal aumentaría en por lo menos 8 billones anuales. Allí entra en juego, además del mayor gasto pensional, un efecto por el lado de los ingresos:
- Una reducción en el recaudo del impuesto de renta de cerca de 2,7 billones, bajo el supuesto de que el aumento en los costos laborales se traduzca en una caída parcial de los márgenes de utilidad de las empresas.
El ejercicio técnico parte de que aproximadamente el 25 % del mayor costo salarial se refleja en menores utilidades empresariales, lo que erosiona la base gravable del impuesto de renta. El impacto contempla a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes, un segmento significativo del empleo formal en el país.
El comunicado de la entidad también llamó la atención sobre otros frentes que podrían agravar la presión sobre las cuentas fiscales, pero que no fueron plenamente incorporados en las cifras divulgadas:
- Un posible incremento del gasto en bonos pensionales asociados a rentas vitalicias, debido al deslizamiento del salario mínimo.
- Un aumento en el costo de los contratos de vigilancia, aseo y otros bienes y servicios que el Estado contrata, muchos de los cuales están indexados o altamente sensibles al salario mínimo.
- Un mayor pasivo pensional y un incremento permanente del gasto anual en pensiones, al elevarse de facto la tasa de reemplazo en el régimen de prima media cuando se sube de manera tan fuerte el piso de referencia.
Además, el CARF advirtió que el salto del 23,7 % en el salario mínimo para 2026 podría convertirse en un parámetro clave en la negociación del aumento salarial de los funcionarios públicos para 2027.
Uno de los elementos más sensibles del pronunciamiento es la comparación histórica. El CARF recordó que, en los últimos 20 años, el crecimiento promedio del salario mínimo real en Colombia, es decir, por encima de la inflación, ha sido de alrededor de 1,2 % anual. La decisión del Gobierno para 2026, en cambio, implica un crecimiento real cercano al 18,5 %, una cifra que el organismo califica como inédita en la historia reciente.
Más allá de las cifras puntuales, el mensaje de fondo del organismo es macrofiscal: el mayor déficit estimado “aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la regla fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”.