El Gobierno anunció este lunes, 29 de diciembre, que para el próximo año el salario mínimo será de $1.746.88 y, con el auxilio de transporte, alcanzará los $2.000.000. Aunque el Ejecutivo sostiene que el incremento busca mejorar el ingreso para los trabajadores, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) emitió un comunicado en el que advierte sobre posibles efectos adversos para la economía y el empleo formal.
Según la entidad, un aumento del 23 %: “Más que un avance social, podría traducirse en un riesgo significativo para los trabajadores y la estabilidad económica del país”.
La Cámara señaló que el salario mínimo debe definirse conforme a la Constitución y la Ley 278 de 1996, mediante concertación y considerando variables como inflación, productividad y crecimiento económico. La introducción del concepto de “ingreso vital” por decreto, sin acuerdo ni desarrollo legal previo, genera incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad en las reglas laborales.
Entre 2022 y 2025, el salario mínimo acumuló un crecimiento cercano al 42 %, mientras que la inflación acumulada fue de aproximadamente un 30 % y la productividad se mantuvo prácticamente estancada.
Según AmCham, seguir aumentando el salario por encima de la productividad encarece la contratación, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran gran parte del empleo formal en el país.
Impacto en costos y empleo
AmCham detalló que, con el nuevo ajuste, el costo total para el empleador de un trabajador que gana el salario mínimo se acerca a $2,7 millones mensuales, mientras que el ingreso neto del trabajador ronda $1,86 millones. Esta diferencia, según la entidad, es difícil de absorber para muchas mipymes y puede traducirse en menor capacidad para mantener puestos de trabajo, abrir nuevas vacantes o invertir.
Además, parte del mayor costo puede trasladarse a precios de bienes y servicios básicos, afectando el bolsillo de los hogares.
En términos de competitividad, AmCham advierte que combinar un aumento del salario mínimo muy superior a la inflación y la productividad con regulaciones laborales más rígidas deja a Colombia en desventaja frente a otros países de la región que compiten por la misma inversión.
También menciona que la inseguridad jurídica y regulatoria puede desalentar la inversión y afectar la estabilidad del empleo formal.
Finalmente, resalta que el aumento directo beneficia principalmente a cerca del 20 % de los trabajadores formales que ganan el salario mínimo. Por el contrario, la mayoría de los trabajadores informales no reciben este incremento, pero sí enfrentan efectos indirectos: precios más altos en alimentos, transporte y servicios, así como mayores dificultades para acceder a un empleo formal.