La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) manifestó su gran preocupación frente al reciente aumento del salario mínimo, al considerar que la decisión genera presiones adicionales sobre los costos operativos de un sector altamente intensivo en mano de obra y conformado, en su mayoría, por pequeñas y medianas empresas dedicadas a la comercialización, distribución y servicios de mantenimiento de vehículos y motocicletas.
Según explicó el gremio a través de un comunicado, es importante mejorar el ingreso de los trabajadores y avanzar en condiciones laborales más justas; sin embargo, advierte que los incrementos salariales deben guardar coherencia con la productividad, el comportamiento de la economía y la capacidad real de las empresas para absorber mayores costos sin afectar el empleo formal ni trasladar presiones a los precios finales.
Asopartes indicó que el sector automotriz opera a lo largo de una cadena extensa que incluye importadores, distribuidores, talleres, comercializadores y servicios técnicos, muchos de ellos pequeños negocios formales.
“Un aumento del salario mínimo sin medidas de acompañamiento pone en riesgo esta estructura, especialmente en un entorno de inflación, márgenes ajustados y reorientación del consumo”, explicó Asopartes.
El gremio advirtió que el incremento del salario mínimo tendrá efectos directos sobre los costos de operación en la posventa, el mantenimiento y la reparación de vehículos y motocicletas, segmentos clave para la movilidad diaria del país.
“Estos mayores costos terminarán trasladándose a los usuarios finales, afectando el acceso a servicios esenciales y presionando el costo de vida”, añadió el gremio.
Adicionalmente, Asopartes alertó sobre el riesgo de un aumento en la informalidad, particularmente en actividades como talleres mecánicos, servicios técnicos y comercialización de autopartes, donde la estrechez de los márgenes dificulta absorber incrementos abruptos en los costos laborales.
“Cuando los costos crecen más rápido que la productividad, se reduce la capacidad de generar empleo formal y se incentivan esquemas informales que afectan la legalidad, la seguridad del consumidor y la competitividad del sector”, agregaron desde Asopartes.
Desde el gremio también subrayaron que esta decisión se suma a otros factores que ya presionan la operación del sector, como la incertidumbre regulatoria, los costos logísticos, la carga tributaria y los retos asociados al contrabando y la ilegalidad, que impactan de manera directa a las empresas que cumplen con la normativa.
Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno nacional para que las políticas laborales se construyan con enfoque técnico y diálogo permanente con los sectores productivos, incorporando medidas que impulsen la productividad, reduzcan costos estructurales y fortalezcan la formalización empresarial.
Asopartes reiteró: “El país necesita una visión integral que proteja el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas que construyen legalidad todos los días, y que las decisiones económicas deben evaluarse no solo por su impacto inmediato, sino por sus efectos reales sobre la estructura productiva”.
