En un pronunciamiento contundente emitido este martes, Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, cuestionó el reciente aumento del salario mínimo para 2026, del 23,7 %, al advertir que este “incremento desbordado” presiona al alza la inflación, fomenta la informalidad laboral y termina perjudicando precisamente a los trabajadores más vulnerables.
“Lejos de mejorar las condiciones de vida, estos aumentos excesivos excluyen a una mayor proporción de la población del empleo formal”, enfatizó en el comunicado oficial de la entidad.

Este aumento desmedido del salario mínimo afecta a los más vulnerables, a los que están en la informalidad, encarece la creación de empleo formal, agudiza la crisis fiscal, genera presiones inflacionarias y aumenta el costo del crédito. Este es un freno de mano en la ruta de… pic.twitter.com/9l9DeILQhF
— Jonathan Malagón (@JoMalagon) December 30, 2025
El debate sobre el salario mínimo ha cobrado intensidad en Colombia tras la decisión del Gobierno nacional, en conjunto con las centrales obreras, de fijar el aumento en un 23,7 %. El salario mínimo en Colombia será de $1.746.882 y, sumando el auxilio de transporte, totaliza $2.000.000.
El comunicado de Asobancaria: solo 2,4 millones de trabajadores, el 10 % de los ocupados, reciben exactamente un salario mínimo, mientras que en el último año el número de personas con ingresos por debajo de ese piso subió en 1,2 millones, y los que ganan justo el mínimo cayeron en 1,3 millones. “Esto evidencia un deterioro en la calidad del empleo y un retroceso en la formalización”, sostiene el documento, que urge a basar cualquier ajuste en un “análisis riguroso de la coyuntura laboral, productiva e inflacionaria”.

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es el efecto en los precios. Asobancaria calcula que, por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, la inflación general sube entre 10 y 16 puntos básicos (pbs).
“Esto limita de manera significativa el margen de acción del Banco de la República y abre la posibilidad de subidas en la tasa de política monetaria durante el primer semestre de 2026”, advierte Malagón.


El grueso del cuestionamiento de Malagón se centra en cómo estos aumentos elevan los costos laborales, reducen la capacidad de contratación de las pymes, que generan el 80 % del empleo en Colombia, según Fedesarrollo, y empujan más gente hacia la informalidad.
Malagón recuerda que el salario mínimo es un “piso legal para los trabajadores formales”, pero un salto excesivo lo convierte en barrera. “Afecta a los más vulnerables”, remata, aludiendo a esos millones que, sin habilidades para el sector formal, terminan en changas precarias o sin trabajo.

Este posicionamiento de Asobancaria no es aislado. En semanas previas, gremios como la Andi y Fenalco habían expresado reservas similares, argumentando que el 23,7 % ignora la desaceleración económica pospandemia y el rezago en productividad.
