No cesa la controversia por el alza del salario mínimo de 2026, que quedó fijado en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte. “Con una inflación cercana al 6 %, el salario mínimo aumenta un 23,7 %. Es una medida que, en el corto plazo, puede generar ánimo en la ciudadanía y que el presidente anunció con vehemencia. Sin embargo, la fijación del salario mínimo no debe responder al arbitrio absoluto del presidente de la República; este aumento se da por decreto sin la implementación clara de un proceso que permita sostenerlo en el tiempo”, dijo Gustavo Niño, exviceministro de Defensa.
“La pregunta de fondo es cuál va a ser el rol del Estado frente a la política industrial, al incentivo del consumo y cómo se va a manejar este aumento con las micro, pequeñas y medianas empresas”, agregó.
El presidente Gustavo Petro anunció un aumento histórico del 23,7 % para el salario mínimo en 2026, el mayor de este siglo. El Gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.
Es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023 (16 %).
Con el aumento del 23,7 % y el subsidio de transporte, el salario mensual pasará de $1.623.500 (422,2 dólares) a $2.000.000 (520,2 dólares), cuando restan pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2026.
“Cuando los costos laborales suben de manera significativa, existe el riesgo de que algunos empresarios se vean obligados a despedir trabajadores o a reducir la contratación”, recalcó el exviceministro.
“Este tipo de aumentos también se traslada al mercado en general, al transporte y a los servicios, presionando los precios y afectando el costo de vida. Al final, esto termina incidiendo en el ingreso real de los ciudadanos”, acentuó Niño.
“El aumento del salario mínimo debe venir acompañado de medidas que permitan proteger el empleo. El Estado tiene que asumir un rol activo en política industrial, productividad y apoyo a las mipymes, para que este incremento no termine traduciéndose en despidos, informalidad o mayor presión sobre los precios”, concluyó.
En Colombia se estima una inflación en torno al 4 % para el año entrante, según el Banco de la República. Cerca del 50 % de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tienen empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Fabio Arias, presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores —uno de los más grandes de Colombia—, acusó a los empresarios de lamentar que “al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien”.
El incremento acumulado del salario mínimo bajo el mandato de Petro en los últimos tres años fue del 42,4 %, según el Ministerio de Hacienda.
La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 % y 2,7 % hacia final de año.
La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días, ante una “inminente crisis fiscal”, tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo por la salud fiscal del país.
El presidente Petro, entretanto, se ha dedicado en X, su red social preferida, a responder a todos los críticos. El incremento generó gran controversia. Por un lado, están quienes aplauden un aumento de tal magnitud y, por otro, quienes se preocupan porque las empresas podrían incurrir en despidos, dado el valor que representará cada trabajador, y porque medidas “populistas”, como indicó la Andi, ad portas de las elecciones presidenciales en Colombia, podrían dejar al país sumido en una crisis económica que ahora mismo no se ve, como ocurrió en Venezuela.
