El Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio del Ministerio de Salud, respondió a la polémica por la Unidad de Pago por Captación (UPC) y reafirmó su posición en que el incremento para el año 2026 fue suficiente, está técnicamente sustentado y cumple con las órdenes de la Corte Constitucional.
Por medio de un comunicado, la institución afirmó que la decisión se tomó teniendo como base una metodología rigurosa, la información que estaba a la mano y espacios de participación con los actores del sistema.
“Lo que hoy se intenta instalar como una supuesta insuficiencia de la UPC busca desviar la atención del problema estructural de fondo: durante años, las EPS, representados por gremios como Acemi, han reportado información con inconsistencias graves, generando pérdidas multimillonarias y poniendo en riesgo la atención de los pacientes”, señaló.
Dentro de algunas irregularidades, según la cartera, se encuentran pagos asociados a personas ya fallecidas o servicios básicos reportados con valores que no corresponde a los precios reales del mercado.
“Estas prácticas, acumuladas durante años, explican buena parte del desequilibrio financiero que hoy algunos pretenden trasladar al Estado, sin asumir responsabilidades”, se lee en el documento.
Por lo mismo, señaló que lo que se pretende al cuestionar el número del incremento de la UPC es en verdad “evadir responsabilidades”, ya que sostuvo que el inconveniente no es el giro, sino la forma en la que las EPS usan estos recursos.
#Comunicado | Frente a las publicaciones recientes sobre la UPC, #Minsalud es enfático en aclarar que el incremento definido para 2026 es suficiente, técnicamente sustentado y cumple con las órdenes de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/A45fXTcgup
— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) January 6, 2026
Además, el Ministerio indicó que es “engañoso” confundir el giro de recursos con la definición de UPC, ya que la Adres es la que gira los recursos, mientras que la cartera de Salud define este monto y ejerce la rectoría del sistema conforme a la ley y a las decisiones de la Corte Constitucional.
En el comunicado, la entidad afirmó que los “datos desmienten la narrativa de desfinanciación” y hasta puso de ejemplo que entre 2022 y 2026 el presupuesto de la salud creció más del 50 %.
Por otra parte, precisó que la metodología utilizada para definir la UPC no es discrecional ni improvisada, sino que se basa en datos reales, información aportada por las EPS, entre otras cosas. Asimismo, aclaró que se enmarca en los criterios técnicos exigidos por la Corte Constitucional.
“Adicionalmente y contrario a lo que afirman algunos sectores, el Ministerio adoptó una decisión estructural e histórica para cerrar la brecha entre regímenes: mediante resolución, se equiparó la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo, en cumplimiento explícito de las órdenes de la Corte Constitucional”, recordó.
Por lo mismo, cuestionó que algunos sectores políticos y sociales hoy estén planteando que el aumento del salario mínimo deba ser el único parámetro para el cálculo de la UPC, lo que calificó como “antitécnico y limitado”.
“El debate no puede seguir centrado en pedir más recursos sin rendir cuentas sobre su manejo, mientras se afecta la confianza en el sistema y, lo más grave, la atención de los pacientes”, concluyó.
