Desde que el Gobierno de Gustavo Petro anunció el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud, se sabía que lo que venía en este sector podría ser un tsunami. Y en los primeros días de este cambio, que ha generado polémica y reparos, el presidente Petro levantó las primeras olas. La más potente: el anuncio de quitarles las licencias a las EPS en problemas.
El presidente lo dijo dos veces esta semana. La primera en la alocución del lunes: “Este Gobierno a las más malas EPS les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la Supersalud”, dijo. Y la segunda, en el consejo de ministros: “Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país. Por eso he propuesto quitar las licencias: así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”.
El exsuperintendente Conrado Gómez explica que eso significaría el cierre de las EPS a las que dirijan la medida. “Los deja tendidos en el suelo”, dice. La entidad pierde la capacidad de operar y especialmente de recibir los pagos que el Estado gira a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La consecuencia inmediata sería el traspaso de sus afiliados.
Gómez explica que hay un decreto (el 682 de 2018) que expone las causales específicas para revocar la licencia de una EPS: “Incumplir de forma reiterada e injustificada las condiciones de habilitación técnico-administrativas, tecnológicas o científicas que pongan en riesgo la efectividad de los servicios o la seguridad de los afiliados; incumplir las condiciones de habilitación financieras; incumplir las condiciones de habilitación de la red prestadora de servicios de salud; y ejecutar operaciones que deriven en desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, aclara que, como la medida nunca se ha aplicado, es difícil concretar a lo que el presidente apunta. Pero asegura que el rango es amplio: “El Gobierno podría ordenar revocatorias parciales, totales, quitándoles población de algunos sitios… Así las puede acabar”.
El exfuncionario reflexiona sobre la paradoja que entraña lo que sucede: “La superintendencia está creada para salvar las entidades, no para liquidarlas. La intervención era una medida de salvamento”. Aristizábal señala que es evidente lo que el presidente le está ordenando al nuevo superintendente: “Le dice: saque el fusil y métales a las EPS un tiro en la frente”.
El exministro Alejandro Gaviria explica lo que está pasando de otra manera. “Creo que el Gobierno está improvisando”, sostiene. “No sé lo que quiere exactamente. Pienso que el presidente tiene con la salud unas obsesiones, pero que en el fondo está el tema de que la Justicia ha frenado las intervenciones a las EPS. Lo que quiere, en mi opinión, es hacer un daño”, agrega.
En efecto, la Justicia le ha puesto tres tatequietos al Gobierno. La Corte Constitucional tumbó su pelea más simbólica, la intervención de Sanitas, y la calificó de arbitraria. En este fallo, el alto tribunal aseguró que la crisis de la financiación de la salud es un problema sistémico que obedece a unas causas estructurales, como el hecho de que el mismo Gobierno no ha querido aumentar lo suficiente la UPC.
La sentencia estableció unos criterios de obligatoria consideración para el ejercicio de inspección, control y vigilancia. Esa jurisprudencia sería uno de los más sólidos argumentos contra una intervención acelerada del Gobierno para retirar las licencias a las EPS.
La Justicia también suspendió provisionalmente la intervención de Savia Salud. En este caso, la decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. El fallo invoca el mismo argumento de la corte en relación a que los indicadores financieros de la entidad (que son la razón de la intervención) no son solo respuesta a la gestión, sino al problema generalizado de desfinanciación provocado por la insuficiencia de la UPC y el retraso de los pagos por parte del Gobierno.
Pero el tema que más toca al corazón del Gobierno en este momento es Coosalud. Se trata del nuevo caballo de batalla del presidente en este frente. El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó devolver la EPS. La decisión resalta que, si bien el Gobierno Petro había tomado la entidad para corregir sus problemas, hoy está peor. En un año, las quejas aumentaron un 32 por ciento y las tutelas un 21 por ciento. La siniestralidad subió del 115 al 126 por ciento a noviembre de 2025. Y el patrimonio pasó de 283.522 millones de pesos a -859.167 millones, dice el expediente.
Las cifras que presentó el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el consejo de ministros también revelan que Coosalud es la peor EPS del país en indicadores de capital mínimo, con 3.738 miles de millones en negativo. “¿Cómo la Justicia le devuelve Coosalud al culpable de esta decisión?”, dijo Petro al ver esa diapositiva. El presidente afirmó luego que había razones políticas en la decisión judicial sobre Coosalud, pues un hermano de Francisco Santos y otro de Andrés Pastrana pertenecían a sus juntas directivas.
La pelea con Coosalud ha tenido otros matices. El presidente fue obligado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a rectificar sus declaraciones contra Jaime Miguel González Montaño, exdirector de la entidad, a quien llamó “corrupto” y “bandido”.
En términos generales, a las EPS intervenidas les ha ido más mal bajo el control del Gobierno que cuando estaban con sus dueños. “La Justicia las devuelve a sus dueños porque quedó evidenciado que la estrategia era debilitarlas al no aumentar la UPC. Las intervinieron, las desangraron, todas han triplicado sus pasivos. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado y de sus interventores en esos detrimentos?”, se pregunta el exsuperintendente Aristizábal.
La Contraloría ha documentado esa pérdida patrimonial. “Las EPS intervenidas no cumplen con uno o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia, lo que evidencia que su situación no ha mejorado luego de su intervención. Esta condición de las EPS intervenidas es preocupante”, advirtió la entidad.
Un reciente informe de Así Vamos en Salud subrayó que el déficit financiero de las EPS en 2025 fue de 16,86 billones de pesos. “El problema dejó de ser coyuntural. Lo que muestran las cifras es un desequilibrio estructural en el financiamiento del aseguramiento en salud.
En las condiciones actuales, operar implica perder dinero de manera sistemática”, aseveró el informe. Según el documento, de cada 100 pesos que entran, estas entidades se están gastando 109.
Las consecuencias de la crisis han sido enormes. De acuerdo con información oficial del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), entre 2021 y 2025 se han cerrado 4.100 instituciones de salud en el país. Muchas de ellas han sido unidades de obstetricia y pediatría.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defiende su gestión. Afirma que la crisis viene de años anteriores y pone, como lo hace el Gobierno en múltiples temas, el espejo retrovisor sobre el Gobierno de Iván Duque. En el consejo de ministros aseguró que la administración Petro ha hecho “la mayor inversión en salud de la historia”.
Allí, además de las licencias, se hizo un anuncio adicional. El Gobierno dijo que también quiere eliminar la intermediación en la dispensación de medicamentos: “La Adres paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la farmacia. Si no se lo entrega el gestor farmacéutico, paga directamente a la farmacia, cualquiera, grande, chiquita, droga La Rebaja o cualquier otra”.
Aun si existieran argumentos para el retiro de las licencias, hay un problema adicional y es que el Gobierno no tendría a dónde trasladar a los pacientes. “¿Quién los va a recibir? Un traslado amerita solvencia”, explica Aristizábal. “En salud no aplica que cada hijo que llega viene con el pan debajo del brazo”.
La Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, ha mostrado ya que no aguanta más. El grito de auxilio del Instituto Nacional de Cancerología, al anunciar que no podía recibir pacientes nuevos, pues acumulaba una cartera de 146.000 millones de pesos de esa entidad, puso de manifiesto de nuevo que el problema es mayúsculo. Y el que se podría abrir si se aplica la idea del presidente sería aún peor.
