Energía

“Apague y vámonos”, la dura advertencia que hacen las distribuidoras y comercializadoras de energía si se reduce su esquema de remuneración

Para José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, el gremio que las reúne, hoy las empresas están en un momento crítico de liquidez. Tienen saldos por cobrar por 6,1 billones de pesos.

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26 de noviembre de 2025, 10:48 a. m.
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, señala que los 6,1 billones de pesos que les adeudan a las empresas representan cerca de dos años de ingreso bruto de los comercializadores, “y con un indicador similar ningún sector de la economía sería viable”. | Foto: Semana

SEMANA: ¿Cuál es la situación financiera de las empresas distribuidoras y comercializadoras? ¿A cuánto ascienden las deudas?

JOSÉ CAMILO MANZUR (J. C. M.): La situación financiera de las empresas continúa en situación crítica. A noviembre proyectamos saldos por cobrar cercanos a 6,1 billones de pesos, desagregado en subsidios por 2,3 billones de pesos, deudas de usuarios oficiales del orden de 1,4 billones de pesos y saldos de opción tarifaria cercanos a 2,4 billones de pesos, y esto sin tener en cuenta deudas vencidas por cerca de 10 billones de pesos, relacionada con los demás usuarios atendidos. Los 6,1 billones de pesos representan cerca de dos años de ingreso bruto de los comercializadores, y con un indicador similar ningún sector de la economía sería viable.

SEMANA: ¿Algún otro riesgo?

J. C. M.: A esta situación, se suma, por un lado, la propuesta de remuneración de la comercialización que sería muy crítica, y, por otro lado, el Decreto 572 de 2025 que, recordemos, anticipa el cobro del impuesto de retefuente, cuyo impacto es significativo en las empresas, sobre todo en aquellas que no generan utilidades. Es el caso de Afinia que se le duplica la retención sin tener utilidades.

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Las deudas acumuladas en el sector eléctrico superan los 6 billones de pesos, una cifra que compromete la estabilidad de múltiples comercializadoras. | Foto: Getty Images

SEMANA: Vayamos paso a paso. ¿En qué está el tema del pago de los subsidios? ¿Están incluidos en el presupuesto general de la nación?

J. C. M.: Con relación a los subsidios es importante mencionar que, debido a que el comportamiento del costo unitario en los últimos meses ha sido menor al esperado por efectos del propio mercado (precio de bolsa y recuperación de la opción tarifaria), el monto de los requerimientos mensuales ha disminuido de 300.000 millones de pesos a 250.000 millones por mes; sin embargo, si bien esto le reduce la presión fiscal al Gobierno nacional, el déficit estimado a 31 de diciembre de 2025 es cercano a los 2,2 billones de pesos, lo cual es un hueco muy grande para la caja de las empresas.

Ahora bien, sobre el valor apropiado en el presupuesto general de la nación para el año 2026, en este se estima que consideran el valor del déficit de 2025 y los valores estimados de subsidios hasta mediados de agosto, por lo que el déficit a 31 de diciembre de 2026 estaría cercano a 1,5 billones de pesos.

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que, si bien agradecemos al Gobierno el esfuerzo para apropiar mayores recursos para 2026, hoy las empresas comercializadoras están en un momento crítico de liquidez por lo que es urgente que se realicen pagos durante los siguientes meses, porque de nada serviría tener apropiaciones para el otro año cuando en este se podrían afectar seriamente varias empresas, quedando expuestas a una intervención, y ya sabemos que la experiencia con este proceso no es el escenario más óptimo.

SEMANA: ¿Sigue creciendo la cartera oficial?

J.C.M.: Así es, lamentablemente la deuda oficial se ha incrementado un 40% desde el año pasado, a pesar de la gestión que ha realizado la Procuraduría General de la Nación a través de la expedición de varias circulares exhortando al pago, por lo que consideramos importante que la Procuraduría tome acciones y sanciones ejemplares.

SEMANA: ¿Qué pasó finalmente con la opción tarifaria? ¿Se ha venido recuperando?

J.C.M.: Como lo mencioné anteriormente, aún hay saldos pendientes por cobrar de la opción tarifaria del orden de 2,4 billones de pesos, si bien es un monto significativo, a través de la resolución CREG 101 028 de 2023 se habilitó la opción de recuperar, a través del costo unitario, los valores adeudados en un plazo de hasta 10 años, puesto que en ese momento la deuda era de 5 billones de pesos. En la actualidad ya se ha recuperado un poco más del 50%, así las cosas, mensualmente, se están recuperando entre 70 y 90 mil millones de pesos que, si bien no es un valor muy alto comparado con el monto de la deuda, sí ha permitido ir disminuyendo la misma. Es importante mencionar que el 30% de los usuarios del nivel de tensión 1, que es donde se encuentran principalmente los usuarios residenciales (estrato 1 a 6) y algunos no residenciales (comerciales, industriales, otros) ya han saldado esa deuda, por lo que en algunas regiones estos usuarios ya no se encuentran pagando dichos valores.

SEMANA: ¿En qué avanza el proyecto de ley para reformular el tema de tarifas y focalización de subsidios?

J.C.M.: Entendemos que el proyecto de ley fue radicado, hay mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, y ya hay un proyecto de ponencia. En los últimos 30 años nuestro país ha avanzado de manera importante con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, ley 1715 del 2014 y la ley 2099 del 2021. Estas leyes han representado grandes beneficios en materia de no racionamiento en el país, incremento de cobertura, mejoras en calidad, y avances con la Transición Energética, entre otros.

Y si bien hay grandes beneficios, hay aspectos por mejorar y revisar. Hoy los retos más urgentes que enfrenta el país es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, así como solucionar el problema financiero, entre otros. Pero ello puede hacerse con el marco institucional y legislativo vigente, sin acudir a una nueva ley, y esa es la invitación al Gobierno Nacional y al Congreso.

Hay muchas propuestas sobre estos temas, lo importante es analizarlas y adoptar las que sean más beneficiosas para toda la sociedad en su conjunto, a través del marco vigente. Desde Asocodis y los demás gremios hemos venido participando de manera activa, desde incluso antes de este Gobierno con la Misión de Transformación Energética, en la discusión técnica de los ajustes que se requieren, y presentando observaciones y propuestas específicas.

SEMANA: Una de las decisiones de la Creg, es la reducción de la remuneración para las comercializadoras. ¿Eso está avanzando?

J.C.M.: Esa propuesta representaría la inviabilidad de muchas empresas y el riesgo de intervenirlas. Si hoy no son viables muchas empresas, de materializarse la propuesta de la CREG, sería la estocada final. Ahí sí, apague y vámonos.

Ese es un tema bastante grave y crítico, el enfoque del cambio en la remuneración de la comercialización está basado en la disminución del cargo y no en solucionar los problemas de fondo, ni con una visión de futuro de largo plazo, entre otros. Creemos que estamos perdiendo una oportunidad histórica con la propuesta de la CREG, para situarnos en el futuro. La propuesta que conocemos —entendemos que han realizado cambios al proyecto que todavía no conocemos—, mantiene su objetivo de disminuir el cargo a como dé lugar, dejando al margen temas importantes relacionados con el usuario, como los asociados con el empoderamiento, la medición avanzada (AMI), profundizar la competencia, cargo fijo, etc.

Esa reducción en el cargo de comercialización representa, para las empresas, disminuir en 1 billón de pesos por año el ingreso de comercialización actual, lo cual afectaría mucho más la viabilidad y sostenibilidad de las comercializadoras, y para los usuarios, una disminución de $ 2.400 mensuales en la factura de un usuario de estrato 1. La pregunta que resulta acá sería: ¿vale la pena arriesgar la prestación del servicio de energía eléctrica por esa disminución?

Confiamos que la CREG publique una nueva propuesta a comentarios de los interesados y el público en general, sería lo más pertinente.

Bombillas, bolsa de valores
El déficit en subsidios y el crecimiento de la cartera oficial mantienen bajo presión la liquidez de las empresas distribuidoras y comercializadoras. | Foto: Getty Images

SEMANA: Con ese panorama, ¿está en juego la viabilidad del sector?

J.C.M.: Entonces, con lo que se ha mencionado, miremos lo grave de la situación, se estima que para cierre de noviembre a las empresas se les adeudarán aproximadamente 6,1 billones de pesos, situación que ya de por sí afecta la viabilidad de las empresas comercializadoras, ahora, si a esto se le suma el efecto estimado de la propuesta de remuneración de comercialización de la CREG, la cual plantea disminuciones promedio de un billón de pesos por año. Es decir, que, en los 5 años del periodo regulatorio, se impactaría con $5 billones. Hay sí, ¡¡APAGUE Y VÁMONOS!!

SEMANA: ¿Cuál es la situación de las comercializadoras de la Costa Caribe?

J.C.M.: Si la situación de las empresas comercializadoras en general es preocupante la de las empresas de la Costa Caribe es aún más angustiante, en la Región Caribe se concentra aproximadamente el 40% del déficit de subsidios, además se concentra el 50% de la deuda oficial, lo anterior sin tener en cuenta el bajo índice de recaudo y el alto nivel de pérdidas de la región. Sin duda, para todo ello se requiere una solución estructural particular que tenga en cuenta las condiciones socioeconómicas, regionales, sociales y culturales, entre otras, sin embargo, mientras se desarrolla lo anterior, se requiere apoyo del Estado para garantizar la continuidad de la prestación del servicio en la región, sin poner en riesgo al sistema.

Air-e enfrenta un escenario límite: la falta de liquidez y las obligaciones pendientes han puesto a la empresa al borde de una liquidación. | Foto: Cortesia air-e

SEMANA: ¿Air-e finalmente va a liquidación? ¿Habría riesgo sistémico?

J.C.M.: Air-e lamentablemente se quedó sin aire. Hasta el momento parece ser que la liquidación es algo inminente, según ha informado la Superservicios. Sin embargo, mientras se estructura cualquier alternativa se requiere que se aporten todos los recursos para pagar deudas post toma, por 1,7 billones de pesos, y garantizar una operación estable, para evitar que se materialice el riesgo sistémico y se termine afectando la prestación del servicio no solo en la región caribe sino en todo país. Sin duda, para las regiones con condiciones similares, se requiere de manera inexorable el apoyo del Estado, tanto nacional como de los entes territoriales.

SEMANA: ¿Qué riesgos, desde el punto de vista climático, ve en el corto plazo? ¿Un nuevo fenómeno de El Niño?

J.C.M.: Actualmente, se presenta una estrechez entre la oferta y la demanda, consumos disparados, déficit de gas, los proyectos no están entrando con la rata que se esperaba sino en promedio del 25%, exposiciones a bolsa altas dado que no se han logrado las coberturas en compras de energía a través de contratos, así como hay reportes y pronósticos de amenazas de El Niño para el próximo año, entre otros. Todo ello sin duda puede afectar los precios a los usuarios. Hacemos un llamado a los usuarios a un consumo eficiente y responsable para ayudar a mitigar estos riesgos.